Llaman a presionar a los congresos locales para que lleven a cabo su obligación, pues es un mandato constitucional establecido en el artículo 113. (ARCHIVO)
Mientras que Durango prevé que para junio ya tenga a su fiscal anticorrupción designado, en Coahuila el proceso de aplicación del sistema va rezagado.
El diputado local de Durango, Sergio Uribe, indicó que tras la creación del Sistema Estatal Anticorrupción se estableció un plazo de 90 días para que la fiscalía tenga un titular y comience a operar.
El gobernador José Rosas Aispuro Torres tiene la responsabilidad de presentar una terna ante el Congreso local que deberá decidir sobre la persona más idónea para desempeñar el cargo durante la actual administración.
El fiscal, dijo Uribe, deberá "entrarle" a los temas relacionados con las irresponsabilidades en que incurrieron funcionarios de la pasada administración estatal, y por las cuales se han tenido que devolver recursos económicos al no cumplirse con las normas para su aplicación.
En contraste, Coahuila es uno de los siete estados que ponen en riesgo la entrada del Sistema Nacional Anticorrupción debido a los pocos avances que se tienen en el tema, así lo advierte Transparencia Mexicana, organización de la sociedad civil dedicada al combate de la corrupción.
En este sentido, el organismo llama a presionar a los congresos locales para que lleven a cabo su obligación, pues es un mandato constitucional establecido en el artículo 113.
En su monitoreo de los sistemas locales, señala que Coahuila, Chihuahua, Campeche y Tabasco no han llevado a cabo la reforma constitucional necesaria. (Con información de F. Canedo y M. Holguín)
