Acciones. La mayoría opositora de la Asamblea Nacional de Venezuela acordó el inicio del proceso de remoción de los jueces.
-La mayoría opositora de la Asamblea Nacional de Venezuela acordó ayer el inicio del proceso de remoción de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que aprobaron una sentencia que anuló las funciones del Legislativo y que diputados señalaron como golpe de Estado constitucional.
La moción presentada por el diputado Juan Miguel Matheus fue aprobada este día por unanimidad y frente a las escaños vacíos del oficialismo, ya que sus legisladores se retiraron antes de la votación. El acuerdo aprobado, que da inicio al proceso, ratificó el contenido de una solicitud presentada a la Fiscalía General el viernes pasado para iniciar a calificación de falta grave por parte de los siete magistrados de la Sala Constitucional del TSJ.
La resolución acordó emplazar a la fiscal general, Luisa Ortega, para que inicie la causa contra los magistrados por supuestas acusaciones que podrían configurar delito. El debate de ayer se dio en medio de declaraciones del presidente del TSJ, Mikel Moreno, diciendo que la Asamblea no tiene la legalidad ni legitimidad .
El jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, acusó a la facción legislativa mayoritaria de cometer un golpe de Estado, defendiendo la tesis oficial de que la Asamblea no tiene atribuciones. "Necesitan mayoría calificada, contar con las dos terceras partes y previamente se debe tener la solicitud de remoción de los magistrados del Poder Ciudadano y no cuentan con ello", dijo. Rodríguez citó un artículo de la Constitución que señala que el procedimiento contra los magistrados lo debe comenzar el poder Moral previa consulta con el magistrado cuestionado.
Rechazan decisión de la OEA
Venezuela, Bolivia y Nicaragua consideraron un "fraude jurídico y procesal" la resolución adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) el lunes en la que se declara que en Venezuela hay una "grave alteración inconstitucional del orden democrático".
Los tres países, socios en la Alianza Bolivariana (ALBA), enviaron ayer a altos representantes de su política exterior a la OEA para denunciar la reunión que se celebró el lunes sobre Venezuela, pese a que Bolivia, que ostenta la presidencia de turno del Consejo, la había suspendido por la mañana.
El canciller boliviano, Fernando Huanacuni, expresó su "más profunda extrañeza, sorpresa y rechazo" a "un Consejo ilegal a todas luces".
"Creíamos que los golpes de Estado ya eran parte del pasado", afirmó, para añadir que "la OEA no puede responder a los intereses de los más poderosos de la región", denuncias a las que se sumó el ministro asesor para Políticas y Asuntos Internacionales de Nicaragua, Sidhartha Marín.
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, consideró "inadmisibles" tanto la sesión como la declaración, y anunció que llevará ambas ante "otras instancias internacionales", sin precisar cuáles.
El argumento de estos países no es sólo que la sesión se hizo pese a que la presidencia del Consejo (Bolivia) la había suspendido sino además que en el momento de la adopción del texto había "sólo" 21 países en la sala.
La normativa de la OEA dice que una sesión puede celebrarse cuando hay al menos 12 Estados y que se puede tomar una decisión cuando haya al menos 18.
