'A nosotros no se nos ha solicitado, ya que allí no tenemos absolutamente ningún registro. Creo que la instancia legal lo está viendo, no sé, supongo que es la Auditoria Superior del Estado', respondió Dávila Montesinos.
Han transcurrido 10 meses desde que Grupo Reforma difundió una investigación periodística en la que refiere el pago de decenas de millones de pesos a empresas fantasmas y hasta el momento no se ha resuelto dicho tema. Más aún la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Coahuila no ha solicitado información a la Secretaría de Infraestructura del Estado.
"De lo que se ha mencionado no tenemos nada", refirió Marco Antonio Dávila Montesinos, actual titular de la Secretaría de Infraestructura de Coahuila, quien asumió el cargo tras la renuncia de María Esther Monsiváis Guajardo, quien fue relacionada con algunas de las empresas que recibieron millonarios contratos.
"A nosotros no se nos ha solicitado, ya que allí no tenemos absolutamente ningún registro. Creo que la instancia legal lo está viendo, no sé, supongo que es la Auditoria Superior del Estado", respondió brevemente Dávila Montesinos.
Tal y como se dio a conocer oportunamente, el 26 de septiembre de 2016 el Grupo Reforma publicó una investigación periodística en la que refiere el pago de decenas de millones de pesos a empresas "fantasma", pues al revisar información pública del Estado y verificarla físicamente descubrieron que se localizaban en terrenos, casas abandonadas, vecindades o edificios de oficinas donde nadie los conoce.
Las empresas refirieron domicilios en las ciudades de Monterrey, San Nicolás de los Garza en Nuevo León, la Ciudad de México y Saltillo, Coahuila.
Posteriormente, el diario Reforma informó que, al menos una de las empresas beneficiadas con pago del Gobierno del Estado de Coahuila estaba vinculada a María Esther Monsiváis, entonces titular de la SEINFRA, refiriéndose a la compañía Riviera Álamo.
El medio nacional señaló que en Riviera Álamo, aparecen como "socios" Javier Garza Lizcano, un chofer de ruta de Monterrey, y Valentín Moreno, un empleado de la empresa Concordia, propiedad de Monsiváis y su esposo Fernando Martínez.
Para el 07 de noviembre de 2016, Monsiváis Guajardo presentó su renuncia al cargo de la Secretaría de Infraestructura del Estado, argumentando que lo hacía con la finalidad de aclarar su situación respecto a las empresas fantasmas.
El titular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y de la Auditoría Superior del Estado (ASE), comparecieron ante los legisladores locales para conocer los resultados de una investigación que realizaron, sin embargo dejaron pendiente información.
En ambos casos argumentaron que las empresas estaban debidamente registradas en padrón de proveedores; aunque no ahondaron en el tema de su constitución, ni la verificación física del lugar, ni mucho menos las adquisiciones directas que realizó el Gobierno de Coahuila.
A principios del 2017, el citado medio de comunicación dio a conocer que la empresa Riviera Álamo, cobró 38 facturas por un monto superior a los 71 millones de pesos.
