Cuentas. El ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez, presentó el Informe de Actividades 2016 de la CNDH ante el Congreso de la Unión.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició el año pasado más de 300 por ciento más investigaciones que en 2015 por denuncias de tortura, señaló ayer el Ombudsman Luis Raúl González Pérez. Al presentar su informe anual de labores ante legisladores de la Comisión Permanente del Congreso, explicó que se iniciaron 216 expedientes por presuntos actos de tortura, mientras que por desapariciones forzadas se abrieron 15.
“Lo cual representó en los casos de tortura y desaparición forzada un incremento del 332 % y del 36.3 % respectivamente, en comparación con 2015”, indicó.No obstante, según cifrasde la propia CNDH, en 2015 se registraron 49 expedientes de queja en torno a denuncias de tortura,porloqueelincremento para este año sería mayor. El organismo inicia los expedientes de queja después de que analiza una denuncia ciudadana y considera que hay elementos suficientes para deter minar la presunta violación de derechos humanos.
Esos expedientes pueden cerrarse por desistimiento del quejoso, porque se soluciona el asunto mediante conciliación, si la CNDH emite un arecomendación o porque no halla más evidencias de la violación a los derechos humanos. Ante los legisladores, el Ombudsman reconoció que las recomendaciones que emite son prácticamente ignoradas, pues de las 72 de 2016, dirigidasa 55 diferentes autoridades, sólo dos han sido cumplidas en su totalidad.
Del resto, 54 tienen pruebas de cumplimento parcial, 14 fueron aceptadas pero no se ha avanzado en su acatamiento y otras dos están en proceso de valoración. “Durante sus 26 años de existencia la CNDH ha hecho diversos llamados, excitativas y recomendaciones para el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, no obstante lo cual se siguen preservando prácticas y conductas que en nuestro país tendrían que haberse superado, tales como la tortura, las ejecucione sarbitrarias, la desaparición forzada o
las detenciones arbitrarias. “Lo anterior, cuestiona que los derechos humanos efectivamente se hayan puesto como eje de todo acto de autoridad y si la totalidad de los servidores públicos realmente están capacitados y han asumido el respeto a la dignidad humana como parámetro para el ejercicio de sus atribuciones”, apuntó.
Al describir el año 2016, González Pérez señaló que México atravesó una coyuntura crítica de derechos humanos, con inseguridad, violencias, desigualdad,pobreza,exclusiónydebilidad del Estado de derecho. “Se creyó ver en el uso arbitrario de la fuerza la vía más eficaz para combatir la injusticia y la ilegalidad, aunque ello implicaraincluirenotrosactos injustos e ilegales”, señaló
