A discusión. Lo que actualmente se encuentra en discusión es una ley secundaria para que Telmex no cobre por sus servicios.
La reforma estructural en telecomunicaciones de 2013 plasmada en la Constitución definió con claridad el marco jurídico e institucional para que el órgano constitucional autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), fuera el encargado de lograr el desarrollo eficiente del sector y de regular de manera asimétrica a sus participantes. La autonomía y especialidad técnica del regulador fue parte central de la reforma constitucional.
De acuerdo a un comunicado de América Móvil, desde 2014 el IFT estableció un régimen asimétrico a Telmex y Telcel en diversas áreas de su operación, incluyendo interconexión. La asimetría en tarifas de interconexión inició con un diferencial de aproximadamente 35% respecto de las tarifas que pagábamos a los otros operadores móviles. Sin embargo, a través de la ley secundaria el Poder Legislativo anuló la capacidad reguladora del IFT en materia de interconexión, entre otras, al establecer la "tarifa cero". Esa invasión a las facultades del IFT puso en riesgo los principios de la reforma constitucional, la certeza jurídica y la estabilidad regulatoria del sector, lo que dio lugar a que Telmex y Telcel ejercieran su derecho a solicitar el amparo y protección de la justicia para defenderse de la arbitrariedad que representa la obligación de prestar servicios sin cobrar tarifa alguna por los mismos. Asimetría no es gratuidad.
Lo que se encuentra en discusión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es si el artículo establecido en la ley secundaria que obliga a Telmex y a Telcel a no cobrar por los servicios que presta a sus competidores es constitucional o no.
La "tarifa cero" no sólo invadió facultades del IFT, sino que también invadió los derechos de Telmex y Telcel bajo los títulos de concesión que les otorgó el Estado, al eliminar su derecho a la recuperación de costos y a la estabilidad económica y equilibrio financiero que dichas concesiones les otorgan.
La certeza jurídica necesaria para las inversiones debe ser para todos, no sólo para los operadores extranjeros y sus asociados, agremiados de la Cámara "Nacional" de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI). Telmex y Telcel, empresas mexicanas y principales inversionistas y generadores de empleo en el sector de las telecomunicaciones del país también tienen derecho a ella.
