Cambios. Tras la destitución por corrupción de la exmandataria Park Geun-hye (Izq.), trajo nuevas esperanzas.
Un año después de la aplicación de la ley anticorrupción de Corea del Sur, las quejas de las pequeñas empresas contrastan con la respuesta positiva del resto de la sociedad.
Tras la destitución por corrupción de la exmandataria Park Geun-hye, también hace un año, la elección del presidente Moon Jae In, de corriente más liberal que su predecesora y como miembro del partido conservador Saenuri, trajo una nueva esperanza de regeneración política para los surcoreanos.
Y así se perfiló la ley conocida como Kim Young-ran Act, que llegó al escenario para poner freno a los regalos y los sobornos a periodistas, profesores y oficiales de la Administración pública.
Sin embargo, el comienzo de su aplicación no obtuvo una respuesta favorable. Un estudio de la Cámara de Comercio de Corea del Sur registró en octubre de 2016, tan sólo un mes después de que fuese aprobada, que 70 por ciento de las pequeñas empresas registraron quejas por el descenso de sus ventas.
Mientras que las grandes corporaciones se frotaron las manos por poder reducir su presupuesto destinado a los regalos para mejorar sus relaciones con el poder, los pequeños negocios vieron cómo sus pérdidas aumentaban.
El gobierno acordó el límite de dinero permitido en cuanto a comida en 28 mil won (25 dólares) y 45 mil won (40 dólares) en regalos tras estudiar el consenso que sigue la sociedad coreana en los ámbitos laborales.
