Por lo menos desde la última década del siglo XX, uno de los temas más recurrentes de la agenda política es el “blindaje” de los recursos públicos frente al uso electoral durante las campañas. Y desde entonces, la dinámica es más o menos la misma. Antes y durante las elecciones, los partidos opositores acusan al partido oficialista de usar programas asistenciales para fortalecer sus clientelas, acusaciones que la mayoría de las veces se resuelven en impugnaciones. Algunas prosperan y otras no, pero la semilla germina y termina por convertirse en reclamo para fortalecer los mecanismos de supervisión y fiscalización. Lo mismo ocurre con los demás recursos públicos, sometidos al escrutinio de entidades auditoras obligadas a evidenciar los malos manejos de los gobiernos.
En teoría, esta espiral debería haber llevado a la República a contar con un sistema eficiente de control de gasto y prevención de desvíos. Pero no necesariamente ha sido así. El caso de la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del CEN del PRI, acusado de participar en esquema de triangulación de recursos públicos del Estado de Chihuahua para beneficiar a las campañas priistas con la venia de la Secretaría de Hacienda, pone en entredicho una vez más la aplicación de los mecanismos aprobados en el Congreso. Resulta sintomático que 16 años después del tristemente célebre “Pemexgate”, en el que fueron usados recursos del sindicato de trabajadores petroleros en la campaña presidencial, se detecten esquemas muy parecidos con la salvedad que en el caso reciente se trata de dinero del erario.
Es obvio que algo no está funcionando y es urgente saber qué es. En principio se observa una falta de voluntad de partidos y gobiernos para cumplir la ley y entrar en un esquema de juego limpio. En la medida en que el poder se ha vuelto un fin en sí mismo, y no un medio para el bien común, la vía para alcanzarlo se ha ido pavimentando con todo tipo de actitudes antiéticas cuando no ilegales. Y lo más grave es que mientras se destinan cada año miles de millones de pesos a la atención de los sectores más vulnerables de la sociedad con el supuesto fin de erradicar la pobreza, la simulación termina imponiéndose para los partidos puedan sacar raja de esos recursos.
El resultado es lo más parecido a una tragedia colectiva. México tiene décadas con casi la mitad de su población sumida en la pobreza. Gente a la que el lento crecimiento de la economía no le alcanza para incorporarse a una vida productiva y rentable. Para la mayor parte de ellos, la única opción de salvar el día a día es el apoyo de un programa social. Apoyo que nunca es suficiente para dar el salto a la independencia económica y que, por el contrario, lo vuelve más dependiente y cautivo de lo partidos que gobiernan. A través del desvío, los recursos públicos se convierten en votos, no en riqueza social. Y la vuelta de los años, no importa la inversión multimillonaria, la pobreza sigue presente.
Antes de exigir que los mecanismos de control y fiscalización del dinero público se fortalezcan con más leyes y candados, lo primero que hay que hacer es garantizar la aplicación de las medidas vigentes. En pocas palabras, acabar con la simulación que hace que cualquier blindaje sea inútil.
