Proceso. Autoridades federales han solicitado formalmente a la corte federal de San Antonio, a que renuncie a dicho inmueble confiscado.
Argumentando ser propiedad de un empresario mexicano coahuilense que, está sujeto a una investigación transfronteriza de soborno y lavado de dinero proveniente del Estado de Coahuila; las autoridades federales norteamericanas buscan asegurar un jet privado y han solicitado formalmente a la corte federal de San Antonio, a que renuncie a dicho inmueble confiscado.
Lo anterior deriva de la demanda presentada ante la corte federal de San Antonio, durante el pasado mes de junio, en la que la Fiscalía Federal solicita al juez que renuncie a un Learjet 2000 que se encuentra registrado en México; estableciendo que está involucrado en un plan de lavado de dinero, según público en su portal de internet el diario San Antonio Express News.
En el citado trabajo periodístico se establece que, la citada aeronave es propiedad de la empresa Rajet Aero Servicios S.A. de C.V., que a su vez es propiedad de Luis Rayet, empresario coahuilense. Detalla que el nombre del empresario se había mantenido sellado, hasta el pasado miércoles, cuando se realizó una audiencia judicial y se reveló la identidad.
En la publicación digital del San Antonio Express News se detalla que, en la demanda inicial presentada por los fiscales federales, indican que el avión es ¿una propiedad involucrada en una transacción o un intento de transacción? usando dinero obtenido a través de "ofensas extranjeras de extorsión", delitos extranjeros que involucran "apropiación indebida, robo o malversación de fondos públicos" o en beneficio de un funcionario público, "delitos extranjeros que impliquen soborno de un funcionario público; (Y) fraude electrónico".
Con relación a la solicitud presentada por los fiscales, Andy Parker, representante legal de Luis Rayet, manifestó al diario texano; que "El señor Rayet niega que el Learjet 2000 de su compañía, fuera derivado o involucrado en un plan de lavado de dinero o cualquier otra actividad ilegal. Además de referir que refutará las demandas del gobierno en un tribunal abierto".
