Ajustes. Entre éstos figura el ajuste al límite de velocidad en el bulevar Ejército Mexicano, que de 60 pasó a 80 kilómetros por hora. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Las modificaciones que recién se aprobaron al Reglamento de Tránsito y Vialidad, tienen la intención de incluir aspectos que no estaban regulados o no tenían el soporte jurídico necesario.
Miguel Ángel Domínguez, presidente de la Comisión de Tránsito y Vialidad en el Ayuntamiento indicó que entre éstos figura el operativo Alcoholímetro, cuya aplicación se intensificó a partir de la actual administración municipal, pero por el hecho de no estar bien reglamentado, era objeto de demandas por parte de los conductores que eran sancionados por rebasar los límites en el consumo de bebidas con contenido alcohólico.
El edil aseguró que gracias a este operativo, se ha reducido entre un 50 y un 60 por ciento la incidencia de accidentes de tránsito derivados del consumo de bebidas embriagantes, por lo que la medida no ha sido recaudatoria, sino que ha cumplido con el objetivo por el cual se empezó a aplicar.
La revisión a través de los dispositivos de alcoholimetría se lleva a cabo los fines de semana de manera aleatoria, en las principales vialidades de Gómez Palacio y está a cargo de elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad.
Otro aspecto que fue incluido en la reglamentación fueron los límites de velocidad en calzadas y bulevares, dado que en casos como el del bulevar Ejército Mexicano se establecía un margen de tolerancia hasta los 80 kilómetros por hora, pese a que la velocidad máxima permitida era de 60.
En este sentido, el ajuste fue de fijar en los 80 kilómetros por hora el límite de velocidad máxima, por lo que quienes lo rebasen serán sujetos a infracciones.
En este sentido, se mantendrá el operativo Radar, mediante el cual se detecta a quienes rebasan la velocidad permitida.
El regidor Miguel Ángel Domínguez indicó que además se incluyeron otros aspectos como el uso de casco obligatorio por los motociclistas y el tema del reglamento interno, mediante el cual los ciudadanos que se consideren afectados por abusos o un proceder inadecuado de los agentes viales, tendrán la garantía de que se aplicará la Ley y se sancionará a los servidores públicos.
