El grupo llegó alrededor de las 10 de la mañana y para la una y media de la tarde permanecían todavía en el lugar. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Para exigir que se les entreguen expedientes a fin de revisar presuntas anomalías que derivaron en el despojo de sus tierras y de los derechos de agua, campesinos de Francisco I. Madero tomaron las oficinas de los módulos de riego 12 y 13, las cuales se encuentran dentro del Centro de Atención para el Desarrollo Rural (Cader) en ese municipio.
El grupo llegó alrededor de las 10 de la mañana y para la una y media de la tarde permanecían todavía en el lugar, pues acusaron que desde hace un par de meses están solicitando a los administradores de los módulos de riego copias de contratos de los usuarios que presuntamente vendieron sus derechos, pues aseguran que fueron despojados de sus derechos, pero sólo la administración del módulo 13 accedió a entregar parte de los archivos, por lo que decidieron armar la movilización para obligarlos a que les entreguen los documentos.
Saúl Cháidez integrante de la Unidad Democrática de Coahuila, mencionó que lo que pretenden es que les muestren la documentación para comprobar que hubo intervención de funcionarios de los anteriores administradores de los módulos, de la Conagua y de la Procuraduría Agraria para favorecer a los pequeños propietarios que se apoderando a “la mala” de las parcelas y los derechos para el uso del agua de riego.
Agregó que son más de 300 campesinos de San Pedro y Madero que fueron engañados, pues hasta el momento los expedientes que se han revisado, se han encontrado con varias inconsistencias en los contratos que avalan las negociaciones que hicieron algunos productores de la pequeña propiedad con los campesinos para la venta de parcelas o de derechos de agua, como el hecho de que algunas tierras fueron “vendidas” después de que los ejidatarios ya había fallecido, o también que en los contratos de venta las firmas y fechas no coinciden con las cartas que entregaron las notarías que avalan la negociación, pues incluso mostraron un contrato que tiene como fecha de venta en el 2007 y resulta que el notario dió fe en el 2011.
Saúl Cháidez explicó que ya solicitaron la intervención de la Secretaria de la Función Pública, del Gobierno federal y todos los documentos que han podido rescatar los han estado enviando para que se inicié la investigación y se proceda en contra de los funcionarios que incurrieron en esas anomalías.
