El 4 de junio pasado Coahuila vivió una jornada electoral extraordinaria por su complejidad, competencia y cuestionamiento. Pasados los días de mayor calor de la contienda que ha polarizado el ambiente político en el estado, merece la pena revisar algunos aspectos relevantes que seguramente tendrán repercusiones en el corto y mediano plazo y configurarán el nuevo escenario de la política coahuilense.
Uno de los puntos que más ha acaparado la atención del proceso electoral, no sólo dentro del estado sino también en el centro de la República, es la evidente incompetencia mostrada por el árbitro, el Instituto Electoral de Coahuila. Desde la campaña quedó de manifiesto que el organismo no estaba, por mucho, a la altura del reto que implicaba una elección tan compleja. El cuadro es de calamidad. Información contradictoria sobre aspectos clave del proceso. Retrasos en la publicación de información básica. Vínculos de consejeros con el poder político estatal. Incapacidad de explicar las dificultades del conteo de votos. Publicación de un conteo rápido con casi la mitad de la muestra proyectada y con datos que imposibilitaban marcar una tendencia clara. Suspensión del conteo del Programa de Resultados Electorales Preliminares cuando aún faltaba casi el 30 % de las actas de escrutinio con datos que contradecían los reportados por el conteo. Falta de capacitación de funcionarios de casilla. Envío de paquetes abiertos o mal sellados a los comités distritales y municipales. Entre otras irregularidades que han construido una percepción de desaseo que afecta a todo el proceso en su certeza, legalidad y legitimidad. Por ello, cada vez más voces se suman al coro de que el consejo del IEC debe ser removido una vez que concluya el proceso y que de inmediato se comience a sentar las bases de un nuevo órgano electoral, con mayor capacidad y experiencia, a la par de tener reglas más claras y equitativas.
El segundo punto es el costoso triunfo del candidato de la coalición encabezada por el PRI, Miguel Riquelme. Su victoria bien puede ser catalogada como pírrica, por el alto coste que tuvo y el desgaste evidente del partido en el poder y de su maquinaria clientelar, la cual se aceita con recursos públicos que son cada vez más escasos por los fuertes compromisos financieros que tiene la entidad. De acuerdo con las cifras oficiales, en 2017, de la mano de Riquelme, el PRI perdió poco más de 250,000 votos (alrededor del 38 %) en comparación con la cifra alcanzada por el partido en 2011 con Rubén Moreira. El priista torreonense ni siquiera pudo sacar a votar a la misma cantidad de militantes que participaron en la elección interna. Pero el dato que sin duda resulta más llamativo es que en su ciudad de origen, el ahora gobernador electo perdió todo: gubernatura, alcaldía y diputaciones. El PRI se desfondó en Torreón, con todo y que se trata de la ciudad que Riquelme gobernó en los últimos tres años y que le sirvió para construir un discurso basado en sus logros como alcalde. En pocas palabras, no ganó ni en su casilla.
Pero el PRI también perdió el Congreso local y hoy, por primera vez en la historia de Coahuila, el partido gobernante no tendrá mayoría relativa en la Cámara de Diputados. Este hecho, en principio, representará un obstáculo para Riquelme y sus proyectos, ya que contará con un contrapeso real en el Poder Legislativo. Desde el presupuesto hasta las reformas y leyes, pasando por la investigación de asuntos del pasado o nuevos que vayan surgiendo, el Congreso que iniciará el 1 de enero de 2018 tendrá la gran oportunidad de convertirse por primera vez en un órgano de auténtica representación popular, y en el ente fiscalizador del ejercicio del gobierno estatal al cual éste le tenga que rendir cuentas. Temas como la megadeuda, las empresas "fantasma", la complicidad de funcionarios con el crimen organizado, el reclamo del dinero incautado a exservidores públicos en Estados Unidos, pasarán por la agenda de la próxima legislatura.
Dentro del apartado de la elección de diputados, también sobresale la derrota de Humberto Moreira y su partido. Finalmente el exgobernador no pudo conseguir los votos necesarios para colarse en el Congreso por la vía plurinominal y el Partido Joven que lo postuló perdió el registro. Este hecho habla de los cortos alcances que tiene ya el también exdirigente nacional del PRI en el terreno político coahuilense. Y el escenario pudiera complicarse para él si tomamos en cuenta que fue poco lo que su partido le aportó en número de votos a la coalición que resultó ganadora en la elección de la gubernatura. Incluso, puede decirse que fueron más los aprietos en los que metió al excandidato Miguel Riquelme, con sus declaraciones y sus espectaculares de "apoyo", que el beneficio. En un escenario complicado, polarizado y de baja legitimidad para el eventual futuro gobernador ¿qué cabida puede tener un personaje tan incómodo en los planes venideros?
En la oposición, Guillermo Anaya enfrenta su segunda derrota electoral consecutiva. Hace seis años cayó frente al actual gobernador Rubén Moreira por una diferencia de casi 300,000 votos. Hoy, según el cómputo oficial, pierde por 30,000. Si comparamos la votación de 2017 con la de 2011, Anaya tuvo un crecimiento marginal, aunque hay que considerar que hace seis años era una elección prácticamente entre dos y ahora por lo menos había cuatro dentro del juego. Per hay otro factor que hace pensar que Anaya alcanzó su tope desde hace tiempo. De acuerdo con lo dicho por el PAN y el propio excandidato, la campaña comenzó con un empate técnico entre los dos punteros. Según los datos del cómputo oficial, terminó casi igual, con una ligera ventaja para el priista. ¿Qué quiere decir esto? Que Anaya no creció en los dos meses que duraron las actividades proselitistas. En el argot de los encuestadores, estaba topado, y no logró nunca sacarle a su rival la ventaja suficiente para tener un triunfo indiscutible. ¿Era el mejor candidato? Los números apuntan a que no.
El PAN, junto a sus aliados, inicia hoy la ruta judicial de la impugnación de la elección. Convencidos como dicen estarlo de que hubo fraude, deberán hacer de esta verdad hoy subjetiva una verdad legal. Es decir, tendrá que demostrar que todas las irregularidades -que sí existieron- forman parte de un patrón de fraude, y presentar todos los testimonios y pruebas que sustenten su argumento jurídico para anular la elección. En caso de que no lo logre, la segunda derrota de Guillermo Anaya quedaría consumada. Y si bien este hecho representa un golpe para su partido, también significa una gran oportunidad para renovar a la cúpula del PAN en Coahuila, que ha sido controlada por Anaya y su gente desde hace casi doce años, el mismo tiempo que, curiosamente, ha durado el gobierno de los hermanos Moreira. Tal parece que el Moreirato ha tenido en la principal oposición su espejo, el Anayato. ¿Qué tanta responsabilidad comparten sobre el desastre que ha sido la entidad en muchos aspectos en los dos sexenios en cuestión? ¿Estarán llegando ambos a su fin? Está por verse.
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