Crónica gomezpalatina
La primera Constitución diseñada para servir de marco a los destinos de las colonias españolas, fue aprobada en las Cortes de Cádiz, en 1812.
En ella se pretendía promover la reducción de los poderes de la corona, acotando sus facultades y sometiendo sus acciones al control de la Asamblea Legislativa, integrada por representantes de todas las provincias dominadas por España. Dentro de los diputados que participaron, se encontraban el sacerdote jesuita Juan José Guereña y Garayo, representando a la provincia de la Nueva Vizcaya (Durango), y don Miguel Ramos Arizpe, por parte de Coahuila, A pesar de que la constitución gaditana mostró avances notorios, estableciendo la igualdad entre todos los habitantes de los dominios españoles, siguió manteniendo la figura monárquica, por lo que fue rechazada por el movimiento insurgente mexicano, al estar en franca contraposición con los propósitos centrales que dieron origen a la guerra de independencia, que en esencia era obtener la autonomía total de España y el fin de la subordinación irrestricta a la corona, y en ese sentido, la Constitución de Cádiz, era poco lo que abonaba.
Al ser derrotados y apresados los caudillos de la Independencia, Ignacio López Rayón continúa como jefe de la insurrección agrupando y organizando a los restos del ejército insurgente. Al tomar militarmente la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, instaló, el 21 de agosto de 1811 la Suprema Junta Nacional de América, con él como presidente y con José María Liceaga y José Sixto Verduzco como vocales; uniéndose a la Junta, don José María Cos, Carlos María de Bustamante, Andrés Quintana Roo y su esposa Leona Vicario.
López Rayón sentó las bases de la estructura jurídica para un nuevo Estado Mexicano, en el documento “Elementos de nuestra Constitución”, reconociendo por primera vez la libertad, la igualdad y la seguridad; la libertad de imprenta y el derecho al trabajo, como las garantías básicas que conformarían la soberanía de la nación. Después de encabezar la toma de Oaxaca, José María Morelos y Pavón, que comandaba la insurgencia en el sur, reconoció, en noviembre de 1812, la validez de la Junta, pero además, en 1813, el Siervo de la Nación, ya como jefe del movimiento insurgente, formuló los Sentimientos de la Nación, que representó ser el documento fundacional de la nueva nación mexicana, donde se trazaban las líneas esenciales para configurar la estructura y la división política del futuro Estado, depositando el poder en el pueblo para que con libertad pudiera decidir soberanamente el gobierno que mejor le conviniera, sin sujeción alguna a potencias o monarquías extranjeras, promoviendo los principios de autodeterminación y libertad para los hombres, dando continuidad a la prohibición de la esclavitud, decretada por Hidalgo en Guadalajara, en diciembre de 1811.
Con este amplio ideario, y a iniciativa de Morelos se integra el 14 de septiembre de 1913 el Congreso Constituyente en Chilpancingo, llamado también el Congreso de Anáhuac, en donde se formuló el “Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana, sancionado en Apatzingán á 22 de Octubre de 1814 (sic)”, conocido como la Constitución de Apatzingán, que fue la primera Constitución en la historia de México, elaborada durante la guerra de independencia, la cual comprendía 2 títulos, 28 capítulos y 242 artículos, siendo impulsada por José María Liceaga; José María Morelos y Pavón; el Dr. José María Cos y por Remigio de Yarza, como integrantes del gobierno naciente. En este Congreso Insurgente, participaron como diputados Antonio José Moctezuma, por Coahuila y el licenciado José Sotero de Castañeda, por Durango, además del general duranguense Guadalupe Victoria, en su calidad de comandante de la provincia insurgente de Puebla.
Las vicisitudes de la sangrienta guerra y el cúmulo de derrotas sufridas por los insurgentes provocaron que tanto el Congreso de Apatzingan como la Constitución, cayeran en el vacío, en letra muerta, quedaron convertidas en sueños que no pudieron concretarse, el mismo Siervo de la Nación declaró ante la Santa Inquisición que lo juzgó que “siempre le pareció mal, por impracticable, y no por otra cosa”. A pesar de ello, la Constitución de Apatzingan, sus valores, principios y formas de gobierno propuestas constituyeron la esencia de las constituciones posteriores, hasta nuestros días.
En 1821, al consumarse la Independencia Nacional, Agustín de Iturbide convoco al Congreso Constituyente para formular la Constitución de la nueva nación, pero con apoyo de las oligarquías y del ejército, manipuló y traicionó al movimiento de liberación, autonombrándose emperador, lo que provocó el repudio generalizado que concluyó con su derrocamiento y eventual destierro, instaurándose un nuevo Congreso Constituyente que promulgó, el 4 de octubre de 1824, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que en esencia, retoma los principios fundamentales de la Constitución de Apatzingan, y determinando al Estado como Federal, con división de poderes y provincias federadas, ahora llamadas estados. Crea también el sistema bicameral instituyendo las cámaras de Diputados y Senadores, elegidas mediante elecciones. Lo que detonó la desobediencia de la iglesia y los conservadores, generando una cruenta lucha que dio como resultado la eliminación de la Constitución y la creación de otra conocida como Las Siete Leyes Constitucionales de 1836, documento de corte confesional hecho a modo para seguir conservando los añejos privilegios de los tradicionales grupos de poder.
En 1854, y ante el escenario desastroso dejado por el dictador Antonio López de Santa Anna, que fue once veces presidente, sobreviene la Revolución de Ayutla y la Guerra de Reforma, etapa en que serían impulsadas a sangre y fuego las Leyes de Reforma, que encarnaban gran parte de los preceptos de Apatzingán y de la Constitución de 1824. Se instauró un Congreso Constituyente que expidió la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, restableciendo en ella el federalismo, la separación Estado-Iglesia; la república representativa; la igualdad y el derecho al voto; garantiza los derechos humanos y su protección a través del juicio de amparo, separando de manera definitiva a la iglesia de la atención de los asuntos civiles.
En 1876, al tomar posesión como presidente, Porfirio Díaz impuso una dictadura omnímoda y asfixiante para el pueblo de México, que duró más de treinta años y que al final y debido a las tragedias provocadas a la nación, detonó el estallido revolucionario de 1910, que fue el movimiento social más grande de América Latina en ese tiempo, que causó que entre 1910 y 1921 de manera directo e indirecta se perdieran 2.87 millones de personas, una cantidad que se ha sometido a estudios científicos que determinaron que por efecto de esas desapariciones, la población actual de México, tiene ¡26 millones de mexicanos menos! En 1917, tras siete sangrientos años de luchas fratricidas, y después de largos procesos de deliberaciones, en las cuales estuvieron representadas todas las corrientes políticas de la época, con excepción de los zapatistas y villistas, artífices del movimiento armado, por fin pudieron condensarse en un documento magno, las demandas centrales del pueblo mexicano, el marco legal para regular las relaciones sociales en el país y para reglamentar el desempeño de las instituciones nacionales, incluyendo de manera particular la garantía de los derechos largamente anhelados, como el de la educación, el trabajo y el derecho a la tierra, tres ejes vertebrales que han dado soporte a las políticas públicas sociales en los últimos cien años.
Las constituciones de México, tienen tres elementos en común: El primero, que fueron escritas con la con la sangre generosa de millones de hombres y mujeres que entregaron sus vidas en aras de lograr un futuro justo y digno para las generaciones de esa época y las futuras; el segundo, ser la expresión de la voluntad colectiva del pueblo mexicano y finalmente tienen como hilo conductor, la respuesta a las grandes necesidades y aspiraciones de todos los mexicanos, donde se garantiza la libertad, la soberanía y la democracia; el reconocimiento a la composición multiétnica de México y el respeto a los derechos humanos de todos los habitantes del país. A cien años, honramos la Carta Magna de 1917 y expresamos nuestra gratitud a quienes sin conocernos, entregaron sus vidas para lograr una nación más libre y soberana.
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