Foto: Aída Moya
Políticos de dudosa probidad y otros presuntos delincuentes mexicanos son perseguidos para presentarse ante un juez, pero su paso por prisión, así sea preventiva, suele darse fuera de nuestro territorio.
Apenas 48 horas transcurrieron entre que Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, anunció su licencia al cargo, el 12 de octubre de 2016, y el día en que le giraron orden de aprehensión. Durante ese tiempo nadie lo siguió, nadie lo vigiló. Ningún operativo se puso en marcha. Son minutos más que suficientes para que cualquier fugitivo con dinero y poder a su disposición se escabullera.
Tras más de 180 días en fuga, a Duarte lo detuvo, en Guatemala, la Interpol. Sobran ejemplos recientes de la participación de la mayor organización policial internacional en la búsqueda y captura de presuntos delincuentes mexicanos –la mayoría de ellos ‘de cuello blanco’ o con influencias–. Para muestra, tres botones.
Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo entre 2011 y 2016, fue detenido el 4 de junio en Panamá, tenía la ficha roja emitida por la corporación. El exmandatario de extracción priista estaba por abordar un vuelo a París, había permanecido fuera del ojo público desde el final de su mandato, en septiembre del año pasado. Entre la conclusión de su administración y la primera orden de aprehensión, expedida en mayo, pasaron nueve meses.
Otro ejemplo es Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas surgido de las filas del PRI y cabeza de la gestión estatal entre 1999 y 2005. Los señalamientos oficiales contra Yarrington datan de 2012, cuando la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) lo vinculó con el crimen organizado en un comunicado.
Cinco años mediaron entre que la DEA lo señaló y su detención en la ciudad italiana de Florencia, en abril de este año. A diferencia de Borge y Duarte, Yarrington no fue detenido como consecuencia directa del trabajo de la justicia mexicana, sino en respuesta a una orden de aprehensión y una solicitud de extradición girada por Estados Unidos.
Un ejemplo más: el presunto pederasta Diego Cruz Alonso, joven de clase acomodada perteneciente a la banda de amigos Los Porkys, cuyos miembros están acusados de violar a una menor en el estado de Veracruz. Alonso fue arrestado por la Interpol en junio del año pasado, cuando salía de un bar en Madrid, ciudad donde se escondía en una residencia de estudiantes. En su periodo de evasión de la acción legal nunca dejó su vida de lujo y privilegio.
Con la Interpol como punto en común en la acción de la justicia, es inevitable hacer conexiones sobre lo que ocurre en casa: todos se le fueron de las manos a México. La pregunta obligada, la inicial, es ¿por qué?
¿En México la justicia no es ciega? ¿Cómo se ligan la impunidad y la corrupción en la aplicación de la ley? ¿El sistema judicial se activa solo por intereses políticos? ¿México saca el suficiente provecho a los tratados y mecanismos de cooperación internacional en materia justiciera? Siglo Nuevo analiza esas y otras variables en algunos de los casos más mediáticos que involucran la actuación (o en algunos casos, la parálisis) de las autoridades mexicanas de vigilancia, investigación y sanción, que parecen rebasadas en eficacia y velocidad en comparación con el proceder de otros países.
El exgobernador veracruzano Javier Duarte subiendo al avión de la Procuraduría General de la República, en el que viajó a México. Foto: Notimex
EL PEOR DUETO
“Si los niveles de corrupción en nuestro país son de los más elevados a nivel mundial, los de impunidad son aún peores”, afirma la copresidenta de Mexicanos Contra la Corrupción, María Amparo Casar, en la segunda edición del informe Anatomía de la Corrupción publicado en octubre de 2016. El documento resume los sitios que ocupa la nación en las mediciones internacionales relacionadas con prácticas irregulares, indebidas, ilegales, así como en las de impunidad.
Uno de los diagnósticos más aceptados en todo el mundo es el Índice de Percepción de la Corrupción de la organización Transparencia Internacional. En 2016, México obtuvo una calificación de 30 puntos de 100 posibles y el lugar 123 de 176 naciones evaluadas. En solo un año, de 2015 a 2016, el resultado de México cayó cinco puntos. Además, se ha colocado constantemente como el país con la peor calificación entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Con la corrupción enraizada en su territorio, no sorprende que el sistema de justicia esté entre los pilares de la vida pública más afectados por ella.
En el Índice Global de Impunidad, publicado por la Universidad de las Américas Puebla, con datos que 59 países le reportan a Naciones Unidas sobre sus sistemas de seguridad, la nación mexicana aparece en el penúltimo lugar de la clasificación; solo en Filipinas se corre menos riesgo de ser castigado por quebrantar la ley.
En el análisis del ámbito nacional, la institución poblana, destaca que de todas las averiguaciones previas iniciadas en 2013, el 74 por ciento derivó en expedientes abiertos, en 13 de cada 100 casos se abrió un juicio y en menos del 5 por ciento de las causas se dictó una condena. Es casi imposible imaginar que, en algún momento, un gobernador o un político con fuertes conexiones, pueda ser procesado. La justicia en México se persigue a ojos cerrados.
Grupo de entidades por grado de impunidad. Foto: Índice Global de impunidad México
ALTERNANCIA Y JUSTICIA
Entidades como Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Quintana Roo, Sonora, Nuevo León y Nayarit tienen en común que al menos uno de sus exgobernadores está bajo investigación. Pero ese no es el único punto de coincidencia. En todas se ha vivido la alternancia en el poder.
¿Ha ayudado el cambio de mando en las demarcaciones a que los exgobernantes estén ahora enfrentando a la justicia? Depende a quién se le pregunte.
En julio de 2016, los periodistas Silber Meza, de Mexicanos Contra la Corrupción, y Mariel Ibarra, de Grupo Expansión, revelaron en el reportaje Los Piratas de Borge: El saqueo de bienes institucionalizado en Quintana Roo cómo empresarios y particulares vieron su patrimonio arrebatado mediante una maquinaria compuesta por funcionarios públicos, notarios y el propio gobernador.
Al final de su sexenio y con las acusaciones de despojo y desvío de dineros públicos pisándole los talones, Borge Angulo se hizo humo; ni siquiera estuvo presente en el traspaso del poder a Carlos Joaquín González, emanado de una alianza entre el PAN y el PRD y cuyo triunfo significó que, por primera vez, el estado tenga un gobierno de una fuerza políticia distinta al Revolucionario Institucional.
¿La alternancia ha influído en la persecución a Borge? Para el periodista Silber Meza, no es posible asegurarlo de manera contundente.
“Lo más importante no es la alternancia de partido, lo más importante es la alternancia de grupos de poder”, dijo en entrevista con Siglo Nuevo. “En Quintana Roo cambió el partido, sí, pero Carlos Joaquín fue priista, prácticamente hasta un día antes de ser nombrado candidato. Llegó al poder porque era parte de un grupo que deseaba acabar con gobiernos como el de Borge”.
“En el caso de Veracruz tenemos a un Yunes que nunca ha tenido fidelidad a ningún grupo político que no sea el que se conforma en torno a él”, dice el periodista en referencia al gobernador veracruzano, Miguel Ángel Yunes, cuyo triunfo, al igual que el de Carlos Joaquín González, acabó con las administraciones de un solo signo político en la entidad. “Era aliado de la maestra Elba Esther Gordillo y la termina traicionando”, dice.
Sobre la causa contra Javier Duarte, el periodista del portal Animal Político, Arturo Ángel, autor del reportaje Las empresas fantasma de Veracruz (fundamental en la apertura del proceso judicial), considera que la alternancia política no debería dictar el curso o la acción de la justicia, más en aquella entidad ha ocurrido de esa manera.
“Hay que recordar que en el caso de Duarte no solo hay un proceso federal, sino procesos de orden local”, explica y comenta que el mejor ejemplo de esto es “la acción de los órganos auditores locales, que en parte sirvieron para ir construyendo las averiguaciones contra Duarte”.
Según consta en los informes de las cuentas públicas, por años la Auditoría Superior del Estado de Veracruz no detectó un solo peso desviado. “Hasta antes de 2016 no había un solo reporte contra la administración gubernamental. Todas eran contra municipios”, relata Ángel.
“Casualmente, el PRI pierde Veracruz, Duarte pide licencia, aparece el informe de la cuenta pública 2016 y entonces sí salen unas cantidades impresionantes de dinero que no aparece. Esa es una muestra clara de que sí tiene que ver el contexto político”, remarca el periodista.
Otros ejemplos en los que la alternancia parece abrir una puerta hacia la justicia son la persecución contra el priista Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León, a quien se ha investigado tras la llegada al poder de Jaime Rodríguez Calderón, primer político en alcanzar el poder estatal por la vía independiente. Lo mismo ocurre con César Duarte, exgobernador de Chihuahua. La administración de su sucesor, Javier Corral, emanado del PAN, ha denunciado mediante la Secretaría de la Función Pública estatal el desvío de unos 80 millones de pesos hacia el PRI local.
El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, informó que rindió declaración ante enviados de la PGR, a quienes entregó elementos de prueba de que el exgobernador Javier Duarte inició el mal manejo de las arcas estatales. Foto: Notimex
TRATADOS HABLAN
Pasaron tres meses entre que Javier Duarte fue extraditado de Guatemala a México y su detención; siete meses en el caso de la extradición del integrante de “Los Porkys”, Diego Gabriel Cruz Alonso, y hasta el cierre de esta edición, la del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, aún no se concreta.
Más allá de las particularidades de cada caso y de las acusaciones que pesan sobre estos personajes, los ritmos de los procesos los marcan los tratados que México tiene signados con distintos países. En materia de extradición, hasta ahora el país tiene 37 acuerdos, consta en un informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El más antiguo es con Gran Bretaña, data de 1889, y el más reciente se firmó con Argentina en 2012. Además, desde 1933, México se adhirió a la Convención Interamericana de Extradición, conocida también como Convención de Montevideo.
Cuando no hay un tratado de cooperación entre México y un determinado país, la Ley de Extradición Internacional rige la actuación de las instancias oficiales, que en este caso son la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Entre los requisitos para concretar el traslado está el llamado 'principio de doble incriminación', es decir, que el ilícito cometido por la persona aprehendida fuera de su país sea considerado como tal en ambos Estados. Otro es que no se puede enjuiciar a una persona por un delito distinto a aquel por el que fue requerido. Una característica más del proceso es que el solicitante debe comprometerse a no aplicar la pena capital al extraditado.
JUSTICIA, PERO FUERA
La inmobiliaria brasileña Odebrecht compró a funcionarios de varios países con sobornos millonarios a cambio de contratos que representaron jugosas sumas. El pacto de corrupción entre esta empresa y distintos gobiernos alcanza coordenadas lejanas como Angola y Mozambique, y muy cercanas: Brasil, Estados Unidos, Perú, Guatemala y, por supuesto, México. En algunos países de América Latina involucrados en la trama Odebrecht, funcionarios de primer nivel han tenido que rendir cuentas ante la justicia.
El expresidente peruano, Ollanta Humala, fue puesto en prisión preventiva desde el pasado 14 de julio, acusado de haber recibido aportaciones ilícitas por 3 millones de dólares para su partido político.
Por esta trama también se encuentra recluido el propio Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora y uno de los hombres más poderosos de Brasil. Sobre el empresario cayó una condena de 19 años y 4 meses de prisión por el pago de 30 millones de dólares en coimas a la empresa petrolera estatal Petrobras.
¿Qué avances hay en la indagatoria mexicana? Hasta el cierre de este reportaje, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, había sido acusado de recibir 10 millones de dólares de las corruptoras manos de la compañía brasileña; seis cuando aún era parte del equipo de campaña del hoy presidente Enrique Peña Nieto, y cuatro más ya como empleado público.
Nuevamente, la investigación no vino de la Procuraduría General de la República, dependencia que ya tenía, gracias a los mecanismos de cooperación con Brasil, información de las acciones de Odebrecht en el país. Los señalamientos vinieron de declaraciones juradas hechas por los miembros de la empresa en tribunales del país sudamericano.
De acuerdo con reportajes de las organizaciones Quinto Elemento Lab y Mexicanos Contra la Corrupción, basados en documentos obtenidos mediante redes transnacionales de periodistas de investigación, tres altos ejecutivos de Odebrecht, en sus testimonios ante el Tribunal Supremo de Brasil, señalaron a Lozoya Austin como el receptor de ese dinero. La primera parte, entre abril y noviembre de 2012 y la segunda, en diciembre de 2013.
Tan sólo 16 días después de que iniciara la gestión de Peña Nieto, Lozoya Austin pagó de contado una propiedad con valor de 38 millones de pesos con una superficie de mil 165 metros cuadrados y mil de construcción.
Tras estas revelaciones periodísticas, el exdirectivo de Pemex fue citado a declarar ante la Procuraduría General de la República, según confirmó su abogado, Javier Coello Trejo.
Esta es la muestra más reciente de cómo la investigación ante posibles hechos de corrupción casi siempre 'toca base', en el extranjero. En los casos de presunta corrupción de los últimos años, apenas hay un par de excepciones: la detención de Andrés Granier, gobernador de Tabasco entre 2002 y 2007, se gestó y ocurrió en México. El político está acusado del desvío de más de 6 mil millones de pesos y de la compra de medicamentos falsos. Lo mismo ocurrió con el proceso de Jesús Reyna, exgobernador interino de Michoacán entre abril y octubre de 2013, detenido en 2014 por presuntos vínculos con el crimen organizado, concretamente con Los Caballeros Templarios.
Otro político que enfrenta un proceso circunscrito al ámbito nacional es Rodrigo Medina, titular del Ejecutivo neoleonés de 2009 a 2015, acusado de enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, delitos contra el patrimonio estatal y ejercicio indebido de funciones.
También hay casos al otro lado del espectro; es decir, personas requeridas en el extranjero que en México no son materia de investigación. Ese es el caso de José Díaz Barajas, tapatío de 49 años.
Díaz Barajas se disponía a apoyar a la selección mexicana en la Copa del Mundo celebrada en Brasil en 2014. Se dirigía con su familia al estadio de la ciudad de Fortaleza para presenciar el partido entre el conjunto local y el Tri cuando fue detenido por tráfico de metanfetaminas, a solicitud de Estados Unidos. En su momento, fuentes de la Procuraduría General de la República confirmaron que no se le buscaba en México ni se le tenía abierto proceso alguno.
Integrantes del partido Morena, acudieron a la PGR a presentar una denuncia en contra de Emilio Lozoya por actos de corrupción. Foto: El Universal/Iván Stephens
TODO SE NEGOCIA
Nadie niega que hay cooperación entre México y la justicia extranjera. Tan es así que en la detención de Javier Duarte en Panajachel, Guatemala, estuvieron presentes elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República acompañados de la Interpol en aquel país. Sin la actuación de la justicia mexicana, la policía internacional no hubiera emitido la 'ficha roja', circular que alerta sobre la necesidad de arrestar a personas susceptibles de extradición ante el requerimiento de una corte.
Sin embargo, la colaboración no está exenta de dificultades. El pasado 11 de julio, antes de que Duarte de Ochoa fuera extraditado a México, en el noticiero Despierta, de Televisa, el canciller del país centroamericano, Raúl Morales Moscoso, urgió a las autoridades mexicanas a sacar de su territorio al exgobernador veracruzano.
“El señor presidente de la República (de Guatemala, Jimmy Morales) me ha pedido pedirle a México que se lo lleven cuanto antes”, dijo el funcionario sobre Duarte.
En el mismo sentido se pronunció a principios de julio el ministro de Gobernación guatemalteco Francisco Rivas: “Él es una gran responsabilidad para Guatemala. Su integridad y su vida están corriendo peligro. Guatemala ha cumplido con su obligación, con su responsabilidad ahora esperamos nosotros que México también cumpla”.
La cooperación de Interpol también condujo a la detención de Roberto Borge en el aeropuerto de Panamá. Fue puesto en custodia la noche del 4 de junio de este año; unas horas después de que terminaran las votaciones en cuatro entidades mexicanas. En el caso de este representante del nuevo PRI, hoy expulsado del partido, cabe analizar si la justicia se administra con una visión de tiempos políticos y electorales.
“Si coincidió su detención o no con el proceso electoral, le cayó perfecto al gobierno federal”, sopesa Silber Meza y agrega, “En México la justicia tiene un pulso político abominable”.
Miembro de la unidad de investigación de Mexicanos Contra la Corrupción, Meza ha investigado corruptelas en Quintana Roo y en Nayarit. De ésta última demarcación es originario el exprocurador estatal Edgar Veytia, detenido en Estados Unidos por nexos con el crimen organizado. Para el periodista, la impartición de justicia de la actual administración federal tiene un marcado fin electoral.
“Todo se trata de una negociación, de un amarre de fuerzas, todo es por retener el poder, Con Peña Nieto todo se ha tratado de retener el poder en las elecciones. Lo vimos en Coahuila, lo vimos en el caso de Nayarit”, sentencia.
En términos similares se expresa el investigador de Animal Político, Arturo Ángel, que ha seguido de cerca los desfalcos de Javier Duarte.
“Más bien es un tema político. Si esto fuera resultado de una fiscalía anticorrupción funcionando, ahí tendríamos que hablar de que se está moviendo la justicia, pero estos casos han salido con las mismas deficiencias de siempre. Con la misma fiscalía, con las mismas personas, con el mismo diseño institucional que está totalmente rebasado; que tiene demasiada carga para investigar casos de corrupción. Por tanto, yo creo que si el diseño institucional es el mismo y todo sigue siendo lo mismo, la explicación que yo encuentro es que es un tema político. Es un tema de voluntad política, como le gusta decir a los propios gobernadores”, reflexiona Ángel.
Símbolos de la corrupción
Al Jazeera, CNN, The New York Times, El País... la prensa extranjera, sobre todo la estadounidense, cubre, cuando no destapa, los casos de corrupción en México.
La detención y el breve paso por prisión de Humberto Moreira en España, exgobernador de Coahuila, fue contenido destacado en las páginas de la prensa de aquel país. El rostro de Javier Duarte ha llenado espacios en los medios estadounidenses. Los Angeles Times definió a ese representante del nuevo PRI (del que ya fue expulsado) como “un símbolo de la corrupción profundamente arraigada en las instituciones de México”. En la versión electrónica de The New York Times en español, el periodista argentino Diego Fonseca se refirió a las ya famosas sonrisas del político veracruzano en sus comparecencias ante la justicia, sin importar el país en el que esté: “La expresión de Duarte es el último mensaje desolador: el poderoso puede reír aún atrapado y expuesto a la luz del día, como si nunca hubiera hecho nada o, peor, como si tuviera la certeza de que, sin importar las pruebas, terminará por salirse con la suya”. Tal descripción aparece en la columna titulada Javier Duarte y la sonrisa obscena de los políticos en México.
Pero la prensa extranjera no sólo reporta y editorializa sobre la corrupción entre los ríos Bravo y Suchiate, también la investiga. Cabe recordar que el San Antonio Express ha dado seguimiento desde hace años a las sospechosas actividades de Humberto Moreira y a sus aliados, en el punto de mira de la justicia estadounidense por asuntos como vínculos con el crímen organizado y lavado de dinero.
Boceto que muestra a Edgar Veytia durante su tercera comparecencia ante el juez federal del tribunal de San Diego por tres cargos criminales. Foto: EFE/Krentz
VACÍO NACIONAL
¿Cómo evitar que la justicia extranjera sea más efectiva que la mexicana al tratar casos que deberían ser primordiales en casa? ¿Qué consecuencias enfrenta México por su sistema de justicia selectivo, y con evidente tinte político-electoral, si es que enfrenta alguna?
En julio de este año hubo un pequeño atisbo de lo que puede ocurrir si la nación gobernada por Peña Nieto no atiende la corrupción y la falta de sanción a los ilícitos. En una visita al Senado, una delegación de diputados del Europarlamento se reunió con legisladores mexicanos y advirtió que de no atender estos fenómenos, será muy difícil que se ratifique el tratado comercial con la Unión Europea. Ese acuerdo, además de comercial, estipula aspectos de protección a la democracia, respeto a los derechos humanos y combate a la impunidad.
“La imagen de México se ve gravemente perjudicada”, dijeron los eurodiputados.
La administración federal ha firmado y ratificado tres convenciones internacionales para combatir la corrupción. En ellas se contempla la cooperación para atacar dificultades legales que pudieran obstaculizar las investigaciones transnacionales. Al firmarlas, México se ha comprometido a emprendar acciones como implementar mecanismos de control, sumar a la sociedad civil, aplicar códigos de ética a funcionarios, sancionar y prevenir los sobornos que van de una nación a otra.
“Si bien dichas convenciones sirven a México como guía y al mismo tiempo como una presión, el respeto a la soberanía de los países participantes hacen que los compromisos adquiridos sean laxos y ambiguos”, dice María Amparo Casar, copresidenta de Mexicanos Contra la Corrupción en el documento que disecciona las prácticas ajenas al marco legal. Agrega que la efectividad de todas estas resoluciones queda mermada cuando cada Estado las aplica conforme a sus leyes, porque los mecanismos de cooperación no aseguran un desempeño adecuado de la justicia nacional.
Entre los profesionales de la información entrevistados se reconoce que cuando el gobierno mexicano se decide a actuar y tiene toda la intención y voluntad política no hay poder humano que lo detenga. Por ejemplo, cuando pone en marcha los mecanismos de cooperación en materia de seguridad, los operativos funcionan. En cualquier caso, la disposición política es un requisito indispensable para que funcionen.
No obstante, en México, la justicia parece decirle a los alicaídos representantes de la clase polícia: “No eres tú, ni lo que hiciste, es el periodo electoral”.
El énfasis se pone en la pérdida de gracia, entendida como el 'favor presidencial', porque Duarte, Borge, Moreira, Yarrington y compañía no son los únicos exgobernadores objeto de constantes denuncias en las demarcaciones que administraron.
Otra certeza es que ante la falta de rigor en el proceder frente a las acciones ilegales de aquellos gobernantes devenidos en prófugos y sujetos puestos a comparecer ante un juez o vinculados a proceso, sólo es cuestión de tiempo para que el próximo funcionario acusado de corrupción vuelva a huir con la complicidad del sistema y no se sepa nada de él hasta su detención del otro lado del mundo.
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