Postura. El regidor Carlos Rosales (al centro) se pronunció por que el Municipio actúe contra exfuncionarios que actuaron mal.
El regidor panista, Carlos Rosales se pronunció por que el Municipio dé seguimiento y finque responsabilidades contra exfuncionarios de pasadas administraciones, con base en los resultados de las auditorías que se practicaron hace algunos meses.
Durante la sesión ordinaria de Cabildo que se llevó a cabo el día de ayer, el edil resaltó la importancia de que como ayuntamiento, se tome una decisión y se actúe de manera independiente al procedimiento que corre a cargo del Congreso del Estado de Durango, a través de la Entidad de Auditoría Superior el Estado, la EASE.
Consideró que el gobierno estatal a cargo de José Aispuro Torres, ya puso el ejemplo al ordenar la captura de Rafael Herrera Piedra, primo del exgobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera y a quien se le acusa de cometer delitos graves en contra del patrimonio de la administración estatal.
Carlos Rosales señaló que al municipio le corresponde vigilar su patrimonio y establecer las acciones necesarias contra quienes hayan hecho un mal uso del mismo, como en algún momento se hizo la referencia a exfuncionarios al señalar que las auditorías arrojaron como resultado la comisión de irregularidades graves.
Al respecto el síndico municipal, José Lorenzo Natera aseguró que desde que inició la administración, la alcaldesa Leticia Herrera ha tenido como prioridad que se finquen responsabilidades en el caso, y que ha cumplido su función al ordenar las auditorías.
Señaló que la administración debe apegarse a los tiempos que marca la Ley de Fiscalización Superior en el Estado de Durango, la cual establece un plazo que vence en octubre próximo para que la EASE presente ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso Local, el informe de resultados y que dictamine sobre los mismos.
En caso de que existiera la comisión de delitos, en el mes de noviembre se estaría en condiciones de que la Entidad presentara las denuncias correspondientes en contra de los funcionarios que así resulten responsables, y una vez ocurrido lo anterior y establecido el hecho de que existan la probable comisión de delitos, se procedería con las denuncias, señaló el síndico.
"Entonces estamos en los plazos que la ley establece y en estas condiciones la alcaldesa hizo lo que le corresponde al haber ordenado las auditorías que ya se presentaron como elementos de prueba, propios del municipio a la entidad para que la entidad proceda a solicitar las sanciones contra los funcionarios que hayan cometido algún delito".
Aseguró que se presentaron ante la EASE, todos los documentos oficiales que forman parte de esa vigilancia minuciosa, al referirse a los pasos que se han dado para garantizar el seguimiento al uso que se dio a los recursos que son del pueblo de Gómez Palacio durante las pasadas administraciones municipales.
Corresponde a la entidad cumplir con el establecimiento de responsabilidades, pues la misma ley señala sus facultades de dictaminar los daños y perjuicios que afecten a las haciendas públicas municipales y estatales, así como su patrimonio y fincar directamente a los responsables las sanciones pecuniarias e indemnizaciones.
