¿Derrotas o fraudes?
Sin contar los resultados del 4 de junio, aún sometidos a procesos jurídicos, desde 2015 se habían registrado en nuestro país 21 elecciones para elegir gobernadores, de las cuales 13 fueron ganadas por fuerzas de oposición.
Cada quien tiene su interpretación de las elecciones del 4 de junio. Para algunos fue el triunfo del fraude y de un sistema que se niega a cambiar. Para otros, una elección limpia, que algunos partidos cuestionan simplemente porque no pudieron ganar.
En Coahuila se dio resultado más cerrado. El candidato del PRI, Miguel Riquelme, ganó la votación para gobernador ante las protestas de una oposición que afirmó haber sido despojada. El panista Guillermo Anaya y otros candidatos y partidos opositores han exigido la anulación del proceso. La entidad ha quedado profundamente dividida. Otro político del blanquiazul, Jorge Zermeño, por ejemplo, presidirá el ayuntamiento en Torreón.
En el Estado México, Morena cuestiona el resultado y afirma haber sufrido un fraude. En Nayarit y Veracruz, donde triunfó la alianza PAN-PRD, no han habido cuestionamientos sobre la legitimidad de la elección.
El PRI retuvo más de lo que se pensaba. Si bien los cotejos en Coahuila y en el Edomex se advertían muy competidos desde un principio, el Revolucionario Institucional ganó los dos estados. Pocos analistas independientes pensaban que esto pudiera ocurrir ante la impopularidad del presidente Enrique Peña Nieto y los señalamientos hechos al titular del Ejecutivo coahuilense, Rubén Moreira.
En México las afirmaciones de fraude electoral se han repetido tantas veces que su credibilidad es instantánea. Algunas elecciones en el pasado se han definido muy probablemente por la vía de hacer trampa. La de 1988, en que Carlos Salinas de Gortari derrotó al candidato del PRD Cuauhtémoc Cárdenas, es el ejemplo más claro. Las reformas electorales de 1990, 1993, 1994 y 1997, sin embargo, cambiaron de manera fundamental el sistema electoral mexicano y, en particular, le quitaron al gobierno el control sobre la autoridad electoral.
Estos cambios introdujeron por primera vez en la historia nacional la alternancia de partidos en el poder. El PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en 1997 y nunca la ha recuperado. Además, cedió la Presidencia de la República en 2000 y 2006.
El ascenso de una u otra fuerza política distinta al instituto tricolor se ha convertido en algo común y corriente a la hora de renovar autoridades a nivel estatal y municipal. Sin contar los resultados del 4 de junio, aún sometidos a procesos jurídicos, desde 2015 se habían registrado en nuestro país 21 elecciones para elegir gobernadores, de las cuales 13 fueron ganadas por fuerzas de oposición y sólo ocho por el partido en el gobierno. La alternancia es una realidad.
Esto no significa que las elecciones del 4 de junio en Coahuila y en el Estado de México hayan sido limpias. Hay muchas denuncias que deben ser examinadas a fondo. Un problema fundamental en México, por otra parte, es la compra de votos que pudo haber influido en éstos y otros comicios. Cada acusación amerita una buena investigación.
Pero cuidado. Lo que ya no podemos aceptar es que cada candidato que pierda reclame que ha sido víctima de un fraude. Andrés Manuel López Obrador afirma que hubo uno en territorio mexiquense, pero siempre que ha sido derrotado ha afirmado haber sufrido un revés ilegal. En esta ocasión, incluso Humberto Moreira, el ex gobernador de Coahuila y ex presidente nacional del PRI, dijo que no había sido electo diputado plurinominal por el Partido Joven porque le robaron la elección. No podemos creer todas las acusaciones de fraude sin cuando menos examinar las pruebas.
Twitter: @SergioSarmiento
