La sesión del Congreso local de Coahuila tomó tintes electorales al destacar puntos de acuerdo y discusiones relacionadas a desvíos de recursos y extorsiones para favorecer a candidatos y partidos.
La bancada panista liderada por Jesús de León, llevó a tribuna el tema del presunto desvió de recursos del Gobierno Estatal de 2006 a 2011, donde destacan la presidencia del candidato priista a gobernador, Miguel Ángel Riquelme, por colaborar en el gabinete.
De León indicó que se realizó una investigación que comprende la obtención de documentos vía acceso a la información, cotejos de datos y análisis realizados por profesionales contables a las cuentas públicas del Poder Ejecutivo que a su vez fueron comparadas con información oficial de la Plataforma denominada SIIP (Sistema Integral de Información Pública) del Estado de Coahuila y asegura que se logró acreditar la existencia de un desvío de recursos por 32 mil millones de pesos.
Tras una larga discusión en tribuna, de 20 minutos, fue rechazado el punto de acuerdo donde también se pide al gobernador Rubén Moreira que se separe del cargo para que se realicen investigaciones veraces.
El diputado priista, Leonardo Jiménez Camacho, indicó que el cruce de datos presentados por Acción Nacional referente al presupuesto ejercido y las obras realizadas está equivocado, al indicar que se comparó gasto en obras y presupuesto total.
Por su parte, la fracción priista presentó dos puntos de acuerdo. El primero para solicitar a la Procuraduría General de la República (PRG) el estatus de la denuncia realizada en 2013 por el entonces coordinador de la bancada panista en el Congreso de la Unión contra siete legisladores, entre ellos el ahora candidato panista a gobernador Guillermo Anaya, por extorsionar a alcaldes a cambio de mejorar sus presupuestos.
Este punto de acuerdo fue presentado por Luis Gurza.
En el segundo punto de acuerdo, el legislador Antonio Nerio, pide que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales investigue cuotas partidistas disfrazadas de préstamos a empleados del Ayuntamiento de Sabinas.
"En febrero del presente año se tuvo conocimiento que empleados del Ayuntamiento de Sabinas fueron engañados para solicitar un préstamo de manera obligatoria equivalente al 8 por ciento de su salario anual, y al llegar a recoger el citado préstamo el mismo ya se encontraba endosado, con el objeto de disimular el cobro de cuotas partidistas. El descuento se ve reflejado en todos los recibos de nómina de los trabajadores municipales desde hace 2 meses", señaló en el punto de acuerdo.
Se dan con todo. En un auténtico 'ring' se convirtió el Congreso local. (EL SIGLO DE TORREÓN)
