A los posibles futuros candidatos
Es tema obligado en charlas de café, tanto entre aficionados como entre profesionales de la política, el de la inminencia del 2018, porque es un año especialmente importante para México y para los mexicanos...
Ya que en el 2018 tendremos elecciones para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo federales: elegiremos al presidente de la República, así como a los diputados y senadores, integrantes del Congreso de la Unión.
Aun cuando no hay todavía candidatos, los partidos políticos comienzan a hacer escaramuzas y ya se perfilan de alguna manera los que aspiran a candidaturas, dejándose ver en los medios, haciendo declaraciones sobre temas diversos de interés general, y aunque no lo digan abiertamente, y en algunos casos incluso lo niegan, esperan de cualquier forma que su partido los valore y los considere para ser su abanderado en la próxima contienda electoral. Asoman la cabeza, Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y Ricardo Anaya, por el PAN; Miguel Ángel Mancera, es el más visible por el PRD, pero también quiere una vez más, Cuauhtémoc Cárdenas; en Morena, no hay otro que el sempiterno Andrés Manuel López Obrador; y en el PRI, los gallos que se mencionan son Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray y José Antonio Meade; pero Manlio Fabio Beltrones puede ser el "caballo negro"; Partido que tendrá su Asamblea Nacional en este mismo mes de agosto, para tratar asuntos relativos al 2018; tema que será motivo de otro Enfoque.
Para esos que hoy son aspirantes y potenciales candidatos mañana; con el propósito de sembrar inquietud en quienes aspiran a gobernar nuestro país, mencionamos aquí una serie de puntos básicos proponiendo se incluyan en la agenda nacional y forme parte de la plataforma político-electoral y en su momento se conviertan en acciones de gobierno, confiando en que los partidos y sus candidatos los valoren con ánimo crítico e incluyente y puedan convertirse por las vías legislativa y política en derecho vigente.
Temas como el de la inseguridad pública, orientación del sistema penal, del sistema nacional anticorrupción, presunción de inocencia, detención arbitraria, tortura y malos tratos, retenes, violencia contra las mujeres, atención a los menores de edad y a los adultos mayores, agravios contra periodistas y comunicadores, reclusorios, penas alternativas, libertad anticipada, derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, derechos de los migrantes, derecho a la protección de la salud, la no discriminación por diferencias y preferencias de cualquier tipo, y muchos puntos más que sería ocioso mencionar aquí y ahora, son rubros de una abundante temática que a los eventuales candidatos, creemos, conviene atender, entender y valorar.
Se pretende que la postura y la respuesta sea congruente con la idea de aceptar y reconocer la urgencia y necesidad de que se aborden esos temas de manera seria y responsable, si realmente se trata de fortalecer el estado de derecho, de consolidar las instituciones que se encargan de ellos; porque no son cuestiones ideológicas, doctrinarias o filosóficas en las que podría prevalecer el subjetivismo, sino reales y legítimas aspiraciones de una sociedad que quiere trabajar y desarrollarse en un clima de tranquilidad, de respeto, de armonía, en donde se dé efectivamente la convivencia y la solidaridad que lleven a México a los niveles de bienestar, progreso y comodidad que todos deseamos.
Diecisiete capítulos que corresponden a un panorama más amplio, el de los Derechos Humanos, que los aspirantes y sus partidos pueden considerar y justipreciar en su plena y cabal extensión; de manera breve nos referiremos a algunos de ellos:
La inseguridad pública debe ser atendida de manera integral; ninguna reforma será eficaz si no se acaba con la corrupción que, como cáncer, corroe los cuerpos policíacos y judiciales; es urgente y necesario intensificar las campañas de prevención del delito y promover la cultura de la denuncia;
Para que el sistema de justicia penal funcione con eficacia, debe dotarse de plena autonomía al Ministerio Público en la práctica y en la realidad, no sólo en el papel, así como revisar la estructura orgánica de las Procuradurías;
Debe crearse un Fondo con los bienes incautados a la delincuencia organizada para indemnizar a las víctimas del delito y, consecuentemente, homologar todas las legislaciones estatales en esta materia;
Reconocer que los reclusorios, federales y estatales, tienen carencias y deficiencias; falta personal técnicamente calificado; reconociendo así mismo, la ausencia de actividades laborales y fuentes de trabajo que realmente rehabiliten al reo;
Implementar penas alternativas en casos de delitos culposos, sustituyendo la privación de la libertad por trabajos en bien de la comunidad;
Instruir y asesorar a los reclusos sobre los beneficios de la libertad anticipada, pues la mayoría de ellos los desconocen;
Aplicar efectivamente el principio constitucional de la presunción de inocencia, pues no se ha incorporado de manera plena a la Constitución (en la práctica todo acusado es culpable hasta que se demuestre lo contrario, cuando que debe ser al revés);
Establecer el derecho a una indemnización como reparación del daño por imputaciones falsas o infundadas;
A pesar de la prohibición constitucional de la tortura, y de la existencia de leyes que previenen y sancionan los malos tratos, la realidad demuestra que aún se presentan casos de esta práctica anticonstitucional, por lo que es necesario homologar el tipo penal de la tortura en todas las legislaciones de los Estados
Declarar que los retenes son anticonstitucionales y por lo tanto deben desaparecer; la fuerza militar sólo puede intervenir en la persecución de los delitos a solicitud expresa de las autoridades competentes;
Si bien desde el 2001 se estableció en la Constitución General de la República el derecho a la no discriminación, hay que crear el marco jurídico para hacerlo efectivo, no obstante que haya una ley federal para prevenirla y sancionarla; debe desaparecer la discriminación en todas las áreas de la administración pública en razón del origen étnico, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, de salud, de religión, las divergentes opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derecho y libertades de las personas.
Es ésta una propuesta que los próximos candidatos podrán atender y valorar oportunamente, para que no tengan que lamentarlo mañana, pues muy cierto que ¡vale más prevenir que lamentar!
