Retadores. Los reos de la cárcel en Alcacuz controlan el lugar, al punto que los elementos de la policía no se atreven a entrar.
Desde hace casi dos años los guardias no osan entrar a las celdas en la cárcel de Alcacuz, en el noreste de Brasil. Y razones no les faltan. Una docena de ellos debe vigilar a 1,500 presos que a través de túneles reciben armas, puñales, teléfonos celulares y prácticamente lo que quieran.
Una rebelión dejó 26 reos muertos el 14 de enero y las autoridades todavía no han recuperado el pleno control del penal. "El Estado perdió el control", afirmó Vilma Batista, guardia de Alcacuz y presidenta del sindicato de empleados de las prisiones del estado de Río Grande do Norte. Batista habló afuera de la prisión y dijo que "se perdió el control de todos los edificios que alojan a reos, que son los que mandan".
Alcacuz es uno de los peores casos, pero no único. Los mismos problemas que se verifican aquí se repiten a lo largo y ancho de las prisiones de la nación más grande de América Latina, cuyas cárceles viven una ola de matanzas y alzamientos que ha dejado 130 reos muertos desde principios de año. Las autoridades se han desentendido un poco del penal, que aloja a 1,550 reclusos en edificios que supuestamente pueden albergar a 1,000.
Batista dijo que nunca hay más de 12 guardias por turno y que estos no entran a algunas partes del complejo desde unos desmanes de marzo de 2015. Generalmente cobran sus sueldos tarde y sus torres de vigilancia están tan decrépitas que algunas no se pueden usar. No hay rayos x para controlar a los visitantes y una máquina usada para controlar los alimentos está rota.
Mal equipados y con escaso personal, dice Batista, los guardias no pueden hacer mucho más que ubicar a los reos en determinadas áreas a las que ellos no se animan a entrar. Las autoridades admiten que Alcacuz no tiene arreglo. El gobernador del estado de Río Grande do Norte Robinson Faria ha dicho que cerrará el penal, pero sólo después de que estén terminadas tres cárceles nuevas. Mientras tanto se despachó una fuerza de emergencia para restablecer el orden y reparar la instalación.
Ya antes de los desmanes del 14 de enero los reos se habían salido de sus celdas, destruyendo las puertas, cuyos materiales a menudo usan para hacer puñales. Los guardias se limitan a cerrar con llave los pabellones, a los que rara vez entran, a menos que sea con incursiones en grandes números.
Después de los disturbios los guardias se distanciaron más todavía, permitiendo que los reos se manejasen libremente en casi toda la instalación. Se limitan apenas a asegurarse de que nadie se escapa e intervienen cuando hay peleas. No pudieron ingresar ni siquiera para rescatar a los heridos y tuvieron que dejar caer camillas desde afuera durante los desmanes del mes pasado. Como es común en las cárceles de Brasil, los miembros de una banda son alojados en un mismo pabellón.
Un puñado de reos hace guardia todas las noches para asegurarse de que no son atacados por sus rivales mientras duermen en los pisos o en los patios.
Los reos se quejaron de que no tienen acceso permanente a asistencia legal ni médica.
Según parientes, algunos presos que resultaron heridos con puñales o recibieron balazos en los desmanes más recientes todavía no han sido tratados.
En Alcacuz tal vez no haya algunos servicios básicos, pero todo lo demás sí se puede encontrar.
La policía confiscó teléfonos celulares, drogas, puñales, pistolas y varios tipos de municiones en la instalación, que está construida sobre arena blanda, por lo que se pueden cavar túneles a mano.
AP
Atroz
La vida en algunas cárceles de Brasil, incluida la de Alcacuz, empeoró este año, en que las peleas entre pandillas dieron paso a asesinatos atroces. Bajo la mirada de los guardias, un miembro de una banda asó partes del cadáver de un pandillero rival y se comió la carne.
El nivel de violencia y las horrendas matanzas de enero son algo atípico y podrían marcar el inicio de una guerra nacional entre bandas por el control del sistema carcelario, según Benjamin Lessing, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Chicago que estudia a las bandas de delincuentes de América Latina. Brasil tiene encarceladas a más de 620 mil personas en un sistema con capacidad para poco más de 370 mil, de acuerdo con un informe del Ministerio de Justicia de 2014. El 40 % de los detenidos espera ser enjuiciado.
