El acuerdo que, aún debe ser aprobado por un juez federal, establece que la indemnización será dividida entre los cinco hijos de Hernández. (ARCHIVO)
El Gobierno de EU. indemnizará con un millón de dólares a los hijos del inmigrante Anastasio Hernández para resolver el proceso legal que su familia inició hace seis años cuando el mexicano murió tras recibir golpes y descargas eléctricas por parte de agentes fronterizos en California.
El acuerdo que, aún debe ser aprobado por un juez federal, establece que la indemnización será dividida entre los cinco hijos de Hernández, mientras que se destinaría cerca del 25 % para cubrir los gastos de representación legal, indica la solicitud presentada ante la corte del distrito sur de California.
"Estados Unidos ha aceptado pagar la cantidad entera y está listo y dispuesto a pagar sujeto a la aprobación de esta petición", detalla el documento, firmado por el grupo legal que representa a los deudos y al que Efe tuvo acceso hoy.
Hernández fue detenido el 28 de mayo de 2010 cuando intentó reingresar a Estados Unidos sin documentos. Horas más tarde, fue trasladado a la antigua zona de deportaciones cercana a la garita de San Ysidro en donde se registró un altercado que fue captado por dos testigos quienes grabaron un video con sus teléfonos celulares.
De acuerdo a la demanda, el suceso se habría iniciado supuestamente porque el mexicano no acató la orden de poner las manos sobre la cabeza.
En respuesta, agentes fronterizos arrojaron a Hernández al suelo, donde fue esposado y recibió una serie de golpes y descargas eléctricas que ocasionaron su muerte unos días más tarde.
La antigua zona de deportaciones, sobre lo que en aquel entonces era Puerta México, se encontraba a la vista de miles de peatones que ingresan diariamente a la ciudad fronteriza de Tijuana (México).
En uno de los videos se escucha cómo Hernández pide ayuda en más de una ocasión, mientras que testigos pedían a los oficiales que detuvieran los golpes.
En noviembre de 2015, el Departamento de Justicia optó por no presentar cargos criminales a doce agentes federales, incluyendo supervisores, al determinar que no había evidencia suficiente para comprobar que estos actuaron con malicia.
El cierre de la investigación federal derivó en que en marzo de 2016 activistas defensores de derechos humanos y familiares del indocumentado enviaran el caso para análisis ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un proceso que continúa pendiente.
Este caso impulsó a que organismos civiles demandaran que agentes fronterizos porten cámaras en sus uniformes para evitar casos de uso excesivo de fuerza
