La información se turnará a la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), la cual será la responsable de profundizar en las investigaciones. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Irregularidades administrativas, incumplimientos legales y hasta delitos de carácter penal se cometieron durante los últimos siete años en el ejercicio de los recursos públicos por las pasadas administraciones municipales, según los resultados de la auditoría que se practicó desde 2009 hasta el 31 de agosto de 2016.
El tesorero, Óscar García Villarreal y el contralor, Javier Calderón Castillo, informaron en lo general de dichos resultados y señalaron que aunque ya se tienen montos y conceptos de dichas irregularidades, no los dieron a conocer por cuestiones legales y de procedimiento. Estuvieron acompañados por Vicente Mireles, representante de la firma Mireles Sagüi y Asociados que practicó la auditoría.
La información se turnará a la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), la cual será la responsable de profundizar en las investigaciones, iniciar los procedimientos de tipo legal y en su caso, establecer las sanciones que cada caso amerite.
García Villarreal reconoció que se encontraron graves irregularidades: incumplimiento de leyes como la de Servidores Públicos, de Contabilidad Gubernamental y la de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado.
Se detectaron, entre otras cosas, incumplimientos en licitaciones, cotizaciones y en comparativos presupuestales; facturas apócrifas, ausencia de documentación y comprobación de servicios proporcionados por algunos proveedores, además de que no se encontraron contratos ni pólizas en algunos casos.
En otros, se desconoce la existencia de proveedores mientras que otros estaban “a modo” puesto que sólo prestaban el servicio a la presidencia municipal.
La revisión abarcó el último año del periodo de Ricardo Rebollo -que estuvo a cargo de Mario Calderón, y las administraciones de Rocío Rebollo y José Miguel Campillo.
