Polémica. La decisión del Supremo provocó el rechazo inmediato de las asociaciones de derechos humanos.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina de acortar la pena de un represor de la última dictadura (1976-83) sigue generando, una semana después, tensiones en el ámbito político y judicial y entre una sociedad que, en su mayoría, considera el fallo un claro retroceso en derechos humanos.
Con tres votos a favor y dos en contra, el máximo tribunal del país austral aplicó la pasada semana la ley 24,390, conocida como "2x1", que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001 y que establece que si la detención preventiva de un imputado dura más de dos años, a partir de entonces cada día se computará doble a la hora de establecer la duración de la pena. La sentencia fue dictada en el caso del civil Luis Muiña, condenado en diciembre de 2011 a 13 años de prisión por torturas y secuestros cometidos en una cárcel clandestina durante el régimen militar.
Los jueces Horacio Rosatti, Elena Highton y Carlos Rosenkrantz establecieron que aunque los hechos fueron cometidos antes de la vigencia del 2x1 y juzgados tras su derogación, debía regir el principio de la "ley más benigna" para el condenado que marcan varios tratados internacionales. El fiscal federal Guillermo Marijuán decidió ayer imputar a los jueces, haciendo lugar así a la denuncia presentada por el abogado Marcelo Parrilli contra los magistrados, a los que acusó de prevaricación, es decir, de supuestamente haber dictado a sabiendas una resolución injusta.
La decisión del Supremo provocó el rechazo inmediato de las asociaciones de derechos humanos y de numerosos referentes sociales y políticos.
A las calles
La creciente oleada de repudio social desembocará hoy:
⇒ En una marcha en la Plaza de Mayo, encabezada por organismos de derechos humanos.
⇒ En repudio a la impunidad que representa la ley "2x1".
