Juicio. Una de las querellas es contra el presidente catalán, Carles Puigdemont por desobediencia.
La Fiscalía se querelló ayer contra el presidente del Gobierno de Cataluña y sus consejeros, así como contra la presidenta del Parlamento catalán por desobediencia, prevaricación y malversación -delito que implica penas de prisión- en relación con la regulación y convocatoria de un referéndum de autodeterminación.
El Gobierno español que preside Mariano Rajoy decidió también recurrir en el Tribunal Constitucional (TC) la denominada "Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República" de Cataluña, aprobada anoche por la mayoría independentista del Parlamento de esta región del noreste de España.
A petición del Ejecutivo central, el TC ya suspendió ayer cautelarmente la ley catalana que regula el referéndum y el decreto para convocarlo el 1 de octubre, firmado el miércoles por el presidente regional, Carles Puigdemont, y todo su gabinete.
En una de las querellas, presentadas ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Fiscalía justifica la inclusión del supuesto delito de malversación de caudales públicos porque entiende que el Gobierno catalán pone en marcha un procedimiento, el referéndum, "que va a generar un importante gasto público".
Respecto a la prevaricación, considera que, con la convocatoria, se pretende la "abierta y deliberada derogación" de la Constitución española.
Y en cuanto a la desobediencia, recuerda que los miembros del Gobierno regional habían sido "especialmente advertidos" del deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir los mandatos del Tribunal Constitucional" para impedir la consulta.
Además, el Ministerio Público se querelló contra la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, y los cuatro miembros de la Mesa (órgano de dirección parlamentaria) que permitieron que se tramitara la ley del referéndum, aprobada el miércoles.
Les atribuye también delitos de "desobediencia grave cometida por autoridad pública", de prevaricación y malversación.
La cámara legislativa regional "no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad", argumentó la Fiscalía.
En espera
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, paralizó:
⇒ Los trámites relacionados con los centros de votación tras la suspensión del Tribunal Constitucional.
⇒ a la espera de que el Gobierno regional aclare qué hará para no poner en riesgo al Ayuntamiento y los funcionarios.
