El fundamento existencial de toda sociedad organizada en Estado es que sus miembros deben contribuir para un bien común que es la supervivencia colectiva. Pagar impuestos es quizás una de las obligaciones ciudadanas más complejas en cualquier país. Pero la complejidad se convierte en malestar cuando los contribuyentes no perciben que el dinero de sus impuestos sea bien invertido por el gobierno. Si a lo anterior le sumamos que además de sus impuestos muchos ciudadanos deben hacer aportaciones extraordinarias debido a la corrupción que rara vez es castigada, el malestar puede convertirse en frustración.
La semana pasada, el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, presentó su octavo y último informe de revisión cuenta pública, correspondiente en este caso al ejercicio fiscal de 2015. En la presentación, dijo que “la impunidad genera reclamos de mayor dureza. La percepción de que las sanciones no son oportunas o no existen alimenta la frustración social”. Estas palabras sirvieron de marco para unos números que resultan preocupantes.
En 2015, último ejercicio revisado por la Auditoría, fueron detectadas presuntas irregularidades en el gasto público federalizado que pudieran representar un quebranto de 165 mil millones de pesos, es decir, poco más de cuatro veces el presupuesto anual de un estado como Coahuila. De ese monto, 60 % corresponde a gobierno, organismos autónomos y descentralizados federales y el resto a las entidades, las cuales acumulan un total de 216 mil millones de pesos por solventar desde 2011, cifra similar al presupuesto anual del Estado de México.
El auditor explicó también en qué áreas se detecta la mayoría de las irregularidades. En primer lugar está el gasto en infraestructura, es decir, la obra pública. Le siguen las contrataciones entre dependencias, los padrones de beneficiarios y el sistema de evaluación del desempeño. Esta radiografía nos permite deducir que los gobiernos, desde el federal hasta el local, no cuentan con los suficientes controles administrativos ni la rendición de cuentas adecuada para evitar conductas desviadas en las áreas más sensibles de la función pública.
Pero lo más grave es el alto nivel de impunidad que existe cuando de sanciones a funcionarios se trata. Al respecto, un dato: del total de denuncias que la Auditoría Superior de la Federación ha presentado por irregularidades no solventadas, tan sólo el cinco por ciento ha derivado en una acción penal. Este hecho representa por sí mismo un incentivo para la corrupción, ya que es altamente improbable que un servidor público que actúe mal sea sancionado.
Por otra parte, el gobierno en México gasta mal en términos generales. No sólo dilapida en inversión sino fundamentalmente en el gasto corriente. Por ejemplo, si el IMSS tiene tres veces más personal del que necesita y el ISSSTE cinco, ¿cómo va a haber suficientes recursos para medicinas, equipos y hospitales para los usuarios? Y así en prácticamente todos los rubros. Véase, como otro ejemplo, el número de maestros que realmente se paran al frente en el aula contra el número de comisionados sindicales. ¿Y los sindicatos de burócratas? ¿Cuándo va el gobierno a empezar a reducir su nómina, incluida la sindical?
En este contexto, la frustración social no sólo es explicable sino también justificable. Si para el ciudadano promedio resulta complejo el pago de impuestos, con razón esa complejidad se transforma en malestar cuando percibe que con su dinero está sustentado un Estado ineficiente y con claras tendencias a la corrupción. La única vía para corregir el rumbo y comenzar a drenar esa frustración es aumentar la participación ciudadana en la observación del ejercicio del gasto de manera que se establezcan controles efectivos y un sistema de rendición de cuentas funcional.
