Problema. En el país hay una pésima gestión sobre el uso de estas sustancia.
En México hay una "pésima gestión" sobre el uso de plagicidas porque hay un uso desmedido de estas sustancias, deficiencias en el etiquetado, falta de monitoreo y vigilancia, pero no hay una ley que defina cuáles son altamente peligrosos ni políticas que establezcan que, por los daños severos que provocan, deben ser retirados del mercado.
Así lo afirmó Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM), duante la presentación del informe Derechos humanos y plaguicidas elaborado por Greenpeace.
Allí puso como ejemplo el caso del plaguicida "Endolsulfán", que a pesar de sus altos niveles de toxinas y prohibición de muchos países, en México se encuentra en el catálogo de plaguicidas e incluso la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) lo recomiendan, explicó Bejarano.
A partir de lo anterior, las organizaciones sociales Greenpeace y la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM) advirtieron sobre la urgencia de contar con este nuevo régimen legal en materia de plaguicidas, en un marco de respeto a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).
Otro de los grandes vacíos en la regulación del uso de plaguicidas es la inexistencia de una norma que establezca los límites máximos posibles de residuos plaguicidas en alimentos, advirtió María Colín, asesora legal de Greenpeace México.
También existen malas prácticas por parte de las empresas, exceso de confidencialidad, falta de transparencia y generación de cifran en torno al tema, dijo el director de RAPAM.
"Estamos expuestos a muchas sustancias tóxicas, el ingrediente activo (del plaguicida) más otras sustancias y esa información no está disponible porque está protegida por las empresas y el gobierno", aseguró.
El reporte sugiere la elaboración de una ley en materia de plaguicidas atendiendo principios como el precautorio, sustitución, "el que contamina paga"; protección a los DESCA; prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos; etiquetado con información precisa; responsabilidad de empresas.
De acuerdo con lo expuesto en la Declaración de Dubai sobre la gestión de productos químicos a nivel internacional, celebrada en 2006, y específicamente con el numeral diez: "Nos comprometemos a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, a reconocer y respetar la integridad de los ecosistemas, y a conseguir el equilibrio entre la realidad actual y nuestra ambición de incrementar los esfuerzos mundiales para lograr la gestión racional de los productos químicos".
Victoria Beltrán, consultora legal, señala que México también es partícipe de esta declaración y por ello debe atender seis derechos fundamentales: salud, alimentación, agua, medio ambiente sano, derecho de la infancia y derecho a la información.
"Todos estos derechos son reconocidos en la Constitución mexicana en el artículo cuarto, solamente el derecho a la información se contempla en el sexto", dijo.
Sin embargo, en el país hay una pésima gestión sobre el uso de estas sustancias, dijo Fernando Bejarano, director de RAPAM. Por eso, insistió, "se necesita un mecanismo de prohibición de los plaguicidas altemente peligrosos incluidos en los convenios internacionales o prohibidos en otros países", dijo.
Especial
Mejoras
El reporte sugiere:
⇒ La elaboración de una ley en materia de plaguicidas atendiendo principios.
⇒ Como la sustitución, "el que contamina paga"; prohibición de los plaguicidas muy peligrosos.
