Llamas. Policías levantan el bloqueo que realizaron manifestantes, en las principales avenidas en el centro de Sao Paulo.
La segunda huelga general convocada por los sindicatos contra las reformas económicas impulsadas por el presidente de Brasil, Michel Temer, no paralizó ayer al país, pese a la creciente presión sobre el mandatario tras ser denunciado por corrupción.
Ni el terremoto político desatado desde mayo pasado, ni las polémicas reformas económicas emprendidas por el Ejecutivo consiguieron detener por completo un Brasil que vivió hoy el segundo paro general en dos meses, tras el del 28 de abril. La negativa de los sindicatos del transporte en Sao Paulo, el estado más poblado e industrializado del país, y Río de Janeiro a participar en el paro fue determinante en el resultado final de la huelga.
Por el contrario, en la capital, Brasilia, la protesta se notó con mayor intensidad, con la paralización del metro y de casi la totalidad de las líneas de autobuses. Ajeno a su delicada situación jurídica, Temer defendió en un pronunciamiento divulgado ayer viernes por redes sociales los resultados de su política económica y afirmó una vez más que "el país no va a parar".
"Brasil está caminando, a pesar de que algunos pretenden parar nuestro país. No lo conseguirán", aseveró. En la mañana, grupos de huelguistas bloquearon los accesos a algunas de las principales ciudades del país con barricadas a las que prendieron fuego.
Más tarde, hubo movilizaciones en las 27 entidades federativas del país para protestar contra el paquete de reformas promovido por el Gobierno, de corte liberal y que incluye un severo ajuste fiscal. La mayoría se desarrolló de manera pacífica, aunque en Sao Paulo y Río de Janeiro hubo algunos enfrentamientos en la noche entre encapuchados y policías que provocaron momentos de tensión con el cruce de bombas lacrimógenas y barricadas incendiadas.
En Sao Paulo, manifestantes quemaron en la avenida Paulista, en el corazón financiero de la ciudad, un pato gigante, que se ha convertido en el símbolo de la Federación de las Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), la patronal más influyente de Brasil. Las protestas clamaron por todo el país principalmente contra la reforma de las leyes laborales y del sistema de pensiones.
Sin embargo, ambos proyectos, alabados por las patronales y duramente criticados por los sindicatos e incluso por la Fiscalía, han visto paralizado su trámite en el Congreso desde el escándalo que amenaza la continuidad en el poder de Temer, denunciado este lunes por la Fiscalía por un supuesto delito de corrupción pasiva. El mandatario, que ya reiteró en otras ocasiones que agotará su mandato, el cual expira el 1 de enero de 2019, es investigado además por los delitos de obstrucción a la Justicia y asociación ilícita, lo que podría derivar en nuevas demandas en su contra.
Las sospechas sobre Temer se basan en las revelaciones a la Justicia de varios ejecutivos del grupo JBS, que lo acusan de recibir sobornos desde 2010 y aportaron una explosiva grabación en la que el gobernante brasileño escucha en silencio y hasta consiente posibles delitos.
