Deslinde. La Función Pública busca irregularidades.
El Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública, adscrito a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, inició una investigación para deslindar responsabilidades en caso de encontrar irregularidades administrativas en el proceso de licitación de la Red Compartida de Telecomunicaciones (RCT), informó ayer el Consorcio Rivada.
En seguimiento a la apertura del expediente, la empresa indicó que presentará "las pruebas que demuestran que Consorcio Altán utilizó información privilegiada de la SCT para la elaboración de su propuesta, misma que dicha Secretaría tomó como ganadora de la licitación".
"Lo anterior forma parte de las diversas acciones que ha emprendido la empresa para salvaguardar sus derechos ante la ilegal descalificación de su propuesta por parte de la SCT", agregó.
La semana pasada, una juez federal negó a Rivada la suspensión definitiva de la firma e implementación del contrato para la RCT, uno de los proyectos más importantes del sexenio.
La decisión de la Juez Segunda Especializada en Telecomunicaciones, Silvia Cerón, implica que ya no hay obstáculo alguno para que Altán, empresa ganadora del concurso de Asociación Público Privada (APP), firme los contratos respectivos. Altán tiene hasta el 27 de enero para firmar con la paraestatal Telecomunicaciones de México y con el Organismo Promotor de Inversiones de Telecomunicaciones, que depende de la SCT.
Rivada, que ha litigado en México y Estados Unidos para frenar el proyecto, puede interponer recurso de revisión contra la negativa de suspensión definitiva.
En su comunicado señaló que insistirá, "mediante todas las acciones legales a su alcance, para salvaguardar sus derechos de empresa".
