Un juez federal aprobó ayer jueves de manera tentativa un acuerdo para que el gobierno de Estados Unidos pague un millón de dólares a los hijos de un ciudadano mexicano que murió después de que fue detenido por autoridades de inmigración y recibió varias descargas con una pistola inmovilizadora.
El acuerdo considerado por la magistrada federal Louisa Porter tiene el propósito de dar fin a un caso de casi siete años que originó amplias quejas de que las autoridades de inmigración de Estados Unidos toleraban a agentes que utilizaban fuerza excesiva. Los fiscales rechazaron presentar cargos penales.
