Retraso. Aunque en otros países el caso de los sobornos de Odebrecht ya dio resultados, en México se mantiene detenido.
El megaescándalo de corrupción revelado en diciembre pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que involucra el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en 12 países, la mayoría de América Latina, ha desatado una serie de investigaciones y detenciones de exfuncionarios públicos y empresarios. En México, por el contrario, no ha habido grandes avances.
Ayer domingo, Arely Gómez, secretaria de la Función Pública, dijo que la dependencia a su cago tiene identificados 30 casos prioritarios de "urgente atención", entre ellos, el presunto pago de sobornos por parte de Odebrecht a funcionarios del gobierno mexicano p ara obtener contratos.
En diciembre pasado, tras la revelación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y Petróleos Mexicanos (Pemex) dijeron que investigarían el caso.
Fuentes de la petrolera mexicana revelaron que la semana pasada fue interpuesta una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien resulte responsable.
Odebrecht admitió haber pagado sobornos de 10.5 millones de dólares a funcionarios en México para ganar contratos de los cuales obtuvo beneficios por 39 millones de dólares. "En octubre de 2013, Odebrecht acordó pagar sobornos a altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado, a cambio de su asistencia para ganar contratos. Entre diciembre de 2013 y finales de 2014 se pagaron 6 millones de dólares", reconocieron exfuncionarios de la constructora brasileña ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Aunque los documentos no mencionan nombres de empresas y/o funcionarios, todo apunta a Pemex, empresa con la cual Odebrecht celebró al menos tres grandes contratos durante el lapso señalado, cuando era encabezada por Emilio Lozoya Austin. El actual director general de Pemex, José Antonio González Anaya, dijo en una entrevista de radio a finales de diciembre, que investigaría el asunto y se comprometió a llegar hasta las últimas consecuencias.
Mientras en México las investigaciones avanzan a cuenta gotas, en Colombia ya fue detenido y vinculado a proceso el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, por presuntamente recibir un soborno de 6.5 millones de dólares. De igual forma, al exsenador Otto Bula se le acusó de haber intervenido en la adjudicación de un contrato a favor de la constructora brasileña.
