Foto: Real Business UK
En su publicidad el consorcio dice que la innovación abre y consolida mercados, ayuda a superar retos y aumenta la productividad. Sin embargo, se guarda de exponer que cientos de millones de dólares en las manos correctas aceitan la maquinaria y garantizan el éxito.
En los cursos de periodismo es común dar con la historia de Le Moniteur Universel, periódico que en 1815 manejó con inusitada habilidad las noticias en torno a Napoleón Bonaparte.
La crónica sobre el Gran Corso nos muestra una sorprendente transformación: el monstruo escapa del destierro en la Isla de Elba; el tirano causa pánico en las calles de Lyon; Bonaparte está a las puertas; Su Majestad El Emperador llega a la capital y Nada puede exceder la alegría universal causada por este hecho.
Que los medios caigan en la dinámica de la Chimoltrufia, el "yo como digo una cosa, digo otra", pues, sucede. Que un consorcio con miles de millones de dólares disponibles en sus arcas y activos haga algo parecido es raro, más no imposible. Así le sucedió a Odebrecht.
El principio de los problemas para el gigante brasileño tuvo un origen humilde, una operación llamada Lava Jato (lavacoches) iniciada en julio de 2013.
La Policía Federal de Brasil desmanteló una operación de lavado de dinero en una casa de cambio. El negocio estaba instalado en el área comercial de una gasolinera y por allí había un autolavado. Las pesquisas llevaron hasta individuos como Paulo Roberto Costa, exdirector de Petrobras, la empresa más grande de la nación sudamericana.
Costa fue detenido el 20 de marzo de 2014.
La información recabada por las autoridades junto a los testimonios de Costa y otros detenidos permitió a los fiscales armar casos contra constructoras que habían formado un cártel para repartirse contratos de Petrobras. Las compañías ganaban las licitaciones gracias a un eficiente esquema de sobornos.
La pequeña bola de nieve comenzó a bajar y la avalancha resultante, una que incluyó el inicio de investigaciones por parte de las fiscalías suiza y estadounidense, se ha llevado a esquiadores de las altas esferas de la política latinoamericana.
ENTIDADES RELEVANTES
Odebrecht tiene las manos metidas en múltiples industrias. Va de la ingeniería a la construcción, del manejo de infraestructura a la producción de energía y a la operación de plantas con procesos químicos especializados, entre otras áreas de interés.
Sus oficinas centrales se ubican en Salvador, estado de Bahía, Brasil; las operaciones se extienden a 27 países incluyendo a Estados Unidos.
Las entidades relevantes para entender el asunto son:
Constructora Norberto Odebrecht: una subsidiaria que formó la División de Operaciones Estructurales (DOE) con el propósito de hacer pagos sin registrar, los que tomaron la forma de sobornos para autoridades de Brasil y en el extranjero.
Braskem: una de las petroquímicas más grandes del continente americano, controlada por Odebrecht y con Petróleo Brasileiro (Petrobras) como uno de sus principales socios. Sobre ella también pesa la etiqueta de corruptora.
Smith & Nash, Arcadex y Golac Proyects: empresas manejadas por la DOE a las que se transferían recursos para armar los 'cochupos'.
Odebrecht y sus aliados entregaron cientos de millones de dólares a funcionarios, políticos y partidos en el extranjero. Incluso financiaron campañas electorales con el fin de asegurar sus ventajas y mantener el flujo de contratos o conseguir la aprobación de leyes favorables a su causa.
LA BONANZA
En el período de 2001 a 2016, Odebrecht pagó cerca de 788 millones de dólares en sobornos asociados con más de 100 proyectos en 12 países.
Para que el flujo de ganancias no tuviera obstáculos crearon un grupo secreto. Las acciones de esa unidad especializada ganaron complejidad, evolucionaron y en 2006, Odebrecht estableció la División de Operaciones Estructuradas, su departamento de sobornos.
Las ilegalidades que se han reconocido, por país, son las siguientes.
Angola: en el período 2006-2013, Odebrecht realizó pagos por más de 50 millones a autoridades de gobierno para asegurar contratos de obra pública. De aquí salieron beneficios por 261.7 millones de dólares.
Argentina: en ocho años (2007-2014) se distribuyeron más de 35 millones de dólares para asegurar proyectos de infraestructura. Las ganancias reportadas ascendieron a 278 millones de dólares toda vez que se hicieron gasoductos, infraestructura para potabilización de agua, obtención de potasio y ferrocarriles, entre otras obras.
Brasil: entre 2003 y 2016 la DOE autorizó pagos por 349 millones de dólares a partidos políticos y autoridades. Desde 2004 y al menos hasta 2012, Odebrecht sobornó a ejecutivos y empleados de Petrobras. Su participación incluyó proyectos en industria extractiva y la represa Belo Monte.
Colombia: de 2009 a 2014 se destinaron 11 millones de dólares a contribuciones ilegales que redundaron en beneficios mayores a 50 millones de dólares. En este país participó en dos temas de altos vuelos: la ejecución de la Ruta del Sol y la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena.
República Dominicana: los desembolsos, que abarcan desde el 2001 hasta 2014, por 92 millones de dólares movieron a autoridades de gobierno e intermediarios y los ingresos ascendieron a más de 163 millones de dólares. En este país la compañía firmó trabajos como la termoeléctrica Punta Catalina y la hidroeléctrica Pinalito.
Ecuador: en el lapso de 2007 a 2016 se entregaron al menos 33.5 millones de dólares a autoridades de gobierno y la caja de la compañía se nutrió con más de 116 millones de dólares merced a labores como la hidroeléctrica Manduriacu y la refinería del Pacífico.
Guatemala: entre 2013 y 2015, Odebrecht liberó cerca de 18 millones de dólares para asegurar contratos de obra pública. La empresa ganó más de 34 millones.
México: una inversión de 10.5 millones de dólares en sobornos entre 2010 y 2014 significó unas ganancias por 39 millones.
Mozambique: el consorcio brasileño entregó 900 mil dólares a autoridades de gobierno para obtener términos favorables en la construcción de un proyecto gubernamental. Esto ocurrió en el período 2011-2014.
Panamá: entre 2010 y 2014, se invirtieron 59 millones de dólares en coimas que regresaron como ingresos superiores a los 175 millones de dólares.
Perú: el dinero repartido por la vía ilegal, 29 millones de dólares, en el período 2005-2014, derivó en beneficios por 143 millones que salieron de sus intervenciones en la carretera Interoceánica Norte Sur, el proyecto hidroenergético Alto Piura y el tren eléctrico de Lima.
Venezuela: entre 2006 y 2015, autoridades venezolanas recibieron 98 millones de dólares para asegurar contratos.
La acusación formulada por las autoridades estadounidenses incluyó un detalle: Directivos de Odebrecht hicieron intentos por encubrir o destruir evidencia de las actividades criminales.
NIÉGALO TODO
Mencionar la destrucción de evidencia es necesario porque, al principio, la constructora empleó la estrategia de "Niégalo todo" a la par de que manifestaba su deseo de colaborar con las autoridades responsables de la investigación.
La evolución de los mensajes emitidos por Odebrecht, aunque no llega a los niveles de Le Moniteur Universel, ofrece un curioso ejemplo de rendición ante la bola de nieve que se vino encima.
El 2 de octubre de 2014, Odebrecht negó haber realizado cualquier pago o depósito en una supuesta cuenta de cualquier director o exdirector de Petrobras.
Tres días después la compañía manifestó su indignación hacia las "informaciones no verídicas difundidas en la prensa" y criticó a la justicia brasileña por "premiar" a un criminal confeso que denunciaba a la mayor cantidad posible de empresas y personas.
"Para Odebrecht es de extremo interés que los hechos sean aclarados con rigor", fueron las palabras de Marcelo Odebrecht, director-presidente del consorcio.
Al mes siguiente la firma comunicó que la Policía Federal había estado en la oficina ubicada en Río de Janeiro. La misión de los agentes era incautar documentos.
Odebrecht defendió que el problema con la justicia no era suyo (la ley perseguía los supuestos crímenes cometidos por un exdirector de Petrobras) y el consorcio estaba a entera disposición de las autoridades para aclarar dudas.
El primero de mayo de 2015 la empresa se defendió de un artículo publicado por la revista Época. Según la constructora, el contenido del medio la involucraba en falsas denuncias relacionadas con el patrocinio de viajes del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y préstamos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social.
Marcelo Odebrecht aseguró haber actuado "de modo transparente, por interés legítimo y por reconocer en él (Lula) un liderazgo incuestionable" cuando contrató al exmandatario como conferencista y financió sus viajes a países como Venezuela y Panamá.
Lula ha sido señalado como un embajador de Odebrecht en el mundo.
Ese mismo día, la comunicación social del consorcio retomó las declaraciones de la abogada, Dora Cavalcanti, quien señaló que las "gravísimas acusaciones" de los delatores eran una estrategia para afectar a la empresa y que, extrañamente, luego de seis meses de ataques ininterrumpidos no había una acusación formal.
SUBIDA DE TONO
El 19 de junio de 2015, la Constructora Norberto Odebrecht (CNO), subsidiaria de Odebrecht SA, informó dos cosas: la Policía Federal fue de visita oficial a sus oficinas en Sao Paulo y Río de Janeiro; además, se emitieron órdenes de aprehensión o de conducción coercitiva (para prestar declaración ante las autoridades) contra ejecutivos de la empresa.
Tres días después, el consorcio dio a conocer su indignación contra los operativos y la detención de cinco ejecutivos; Odebrecht negó participar de un cártel y aseguró que nunca puso ningún tipo de obstáculo a las investigaciones.
También observó que era un contrasentido de las autoridades ejecutar órdenes de aprehensión con el argumento de evitar la reiteración criminal y al mismo tiempo permitir a CNO participar en concursos para ganar más contratos de obra pública.
El consorcio no dijo a las claras que policías brasileños habían detenido en su lujosa casa de Sao Paulo a Marcelo Odebrecht, uno de los empresarios más poderosos de Brasil.
El 24 de junio la compañía desmintió que sus ejecutivos amenazaran a autoridades y agentes públicos y fijó postura sobre una nota escrita por Marcelo a sus abogados que fue interceptada por la Policía Federal. La nota contenía la frase: Destruir e-mail Sondas RR.
La compañía explicó que no había nada en esa solicitud que sugiriera la comisión de algún acto ilegal y defendió que la expresión se había sacado de contexto.
El 16 de julio se ahondó en el tema de la nota.
La frase "destruir e-mails", según la abogada de la defensa, Dora Cavalcanti, significaba "explicar" o "refutar" las acusaciones sobre un correo electrónico, pero los agentes investigadores se habían casado con la interpretación literal.
El e-mail en cuestión, en poder de las autoridades, era de un ejecutivo de Odebrecht y tenía entre sus destinatarios a Marcelo. Llevaba por título Sobreprecio en el contrato de operaciones de 20-25,000/día (por plataforma de perforación).
Cavalcanti aseguró que el "sobreprecio" del correo no estaba relacionado con cobros excesivos o irregularidades sino que se refería a un acuerdo de precios de "tarifas más costos".
Al día siguiente el consorcio difundió que Marcelo Odebrecht, Marcio Faria, Rogerio Araujo, Alexandrino Alencar y César Rocha ejercerían su derecho a guardar silencio durante las audiencias programadas por la Policía Federal en Curitiba.
No podían proceder de otra manera, acusó la compañía, porque había un "obvio cercenamiento del derecho de defensa de los investigados".
El 21 de julio de 2015 la constructora dio a conocer sus opiniones sobre un informe de la Policía Federal. Alegó que los párrafos redactados por los agentes a propósito de las notas personales de Marcelo Odebrecht contenían "interpretaciones distorsionadas, descontextualizadas y sin ninguna línea lógica".
También repudió que la corporación prolongará la prisión de su director-presidente con especulaciones.
Ese mismo día se difundió que la imputación de Marcelo y de varios directivos ya se esperaba.
Las quejas de la empresa siguieron. El 24 de julio reprochó que los argumentos presentados por el Ministerio Público brasileño no justificaban la prisión "arbitraria e ilegal" del director y cuatro ejecutivos.
Cuatro días pasaron y la empresa compartió que la sede en Río de Janeiro de la CNO y la casa de uno de sus ejecutivos habían recibido visitas policíacas. El directivo fue conducido por mandato judicial a prestar declaración.
CNO negó haber participado de "ofrecimiento o pago de coima en contratos con cualquier cliente público o privado", de manera que no reconocía como verdaderas las declaraciones del delator.
El 14 de agosto, esa subsidiaria informó sobre operativos en sus oficinas en Río de Janeiro, Sao Paulo, Salvador, Recife, Belo Horizonte y Brasilia. Al día siguiente se quejó de que el registro y la incautación sufridos representaban una "flagrante ilegalidad y abuso".
El 5 de octubre de 2015, el consorcio desmintió las denuncias de un medio brasileño sobre los viajes del expresidente Lula pagados por Odebrecht Infraestructura y negó participar en proyectos que, según el medio, la empresa tenía en Namibia, Guinea Ecuatorial y Mozambique.
Dos semanas después, la compañía lamentó que se emitieran nuevas órdenes de prisión preventiva contra su gente "sin aportar elementos nuevos".
El 30 de octubre, se difundió que Marcelo Odebrecht declaró ante el juez. El presidente, según el relato de sus empleados, refutó con firmeza las acusaciones y dejó en claro que no tuvo ningún papel en los hechos narrados por la fiscalía.
Quejarse fue el tono del comunicado del 13 de noviembre. La constructora, indignada por la exposición indebida de la que eran objeto sus recursos humanos y personas relacionadas con la investigación en curso, exigió el cese de las "reiteradas filtraciones de documentos, datos e informaciones sigilosos, extraídos de la investigación".
El 22 de febrero de 2016 se realizaron más operativos policíacos contra oficinas de Odebrecht en Sao Paulo, Río de Janeiro y Bahía.
La constructora no publicó nada el 8 de marzo de 2016.
Ese día, el juez brasileño Sergio Moro condenó a Marcelo Odebrecht a 19 años y cuatro meses de prisión por el pago de 30 millones de dólares en sobornos a Petrobras.
En materia de cargos lo hallaron culpable de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación delictuosa.
El 22 de marzo, el consorcio difundió que se habían cumplido más órdenes de aprehensión.
Ese mismo día, la empresa anunció que luego de analizar y reflexionar sobre el asunto, accionistas y ejecutivos convinieron en que Odebrecht se decidiera por una colaboración definitiva con las investigaciones de la operación Lava Jato.
En un párrafo del mismo comunicado quedó claro el cambio de postura. Del "niégalo todo" al no tenemos responsabilidad dominante sobre los hechos investigados.
La operación que llevó a su presidente y decenas de directivos ante la justicia, según el relato empresarial, revelaba la existencia de un sistema ilegal e ilegítimo de financiamiento del sistema partidario-electoral del país.
El primero de diciembre pasado se difundió un comunicado con el siguiente encabezado: Disculpe, Odebrecht se equivocó.
En este documento, el consorcio ofreció luchar contra la corrupción y no tolerarla en cualquiera de sus formas, inclusive extorsión y soborno.
El 21 de diciembre, Odebrecht anunció la firma de acuerdo con el Ministerio Público Federal de Brasil, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y con la Procuraduría General de Suiza.
El comunicado explicaba que la constructora acordó revelar los resultados de una investigación interna sobre ilícitos que se habían concretado tanto en Brasil como en el exterior.
Además, la compañía se comprometió a pagar una multa de tres mil 828 millones de dólares a las autoridades de los tres países. El esquema de abonos es a 23 años y para cubrirla Odebrecht sacará dinero de dos fuentes: una venta de activos y la caja que se genere con los proyectos que vaya ejecutando.
El comunicado contenía un párrafo con el giro completo en la postura de la compañía: Odebrecht se arrepiente profundamente de su participación en las conductas que condujeron a este acuerdo de resolución y pide disculpas por violar sus propios principios de honestidad y ética.
Lo que no se decía es que la empresa ya estaba sometida por el lado económico, debido a una prohibición de presentarse a concursos de obra pública.
EL CAMBIO, VIVIR MEJOR Y MOVIENDO A MÉXICO
Los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, según un estudio de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), otorgaron a la constructora brasileña contratos por cerca de mil 429 millones de dólares para el proyecto fallido de elevar la producción de gasolinas en las refinerías de Minatitlán, Salamanca y Tula.
El adjetivo 'fallido' se debe a que en el primer semestre de 2006, México importaba el 23.2 por ciento de la gasolina y para 2016 ya provino del extranjero el 60 por ciento del combustible.
El informe difundido por MCCI expone que, desde 2010, Pemex y la Secretaría de la Función Pública tenían evidencias de un conjunto de anomalías en los contratos otorgados a Odebrecht, como sobrecostos, pagos ilegales, incumplimientos en contratos.
En vez de demandar o sancionar al contratista, le dieron más obras sin licitación. La firma de esos convenios coincide con el período (2010-2014) en que la DOE liberó sobornos por 10.5 millones de dólares para funcionarios mexicanos, según confesión de ejecutivos de la empresa.
Pemex cedió al consorcio el negocio del etileno -una planta productora en Veracruz-, compuesto utilizado en la fabricación de plásticos. MCCI denunció que las condiciones de ese contrato son un secreto y permanecerán así por 20 años a pesar de que la operación representó un negocio de al menos dos mil 500 millones de dólares.
En febrero de 2011, la ASF entrega al órgano interno de control de Pemex una relación de las anomalías que descubrió en la obra de la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, en Veracruz.
Sin embargo, la petrolera no promovió sanción o acción penal contra el consorcio. Según los registros de la ASF, la propia paraestatal mexicana se encargó de solventar los fallos.
Además del etileno, los brasileños recibieron contratos por obras en las refinerías de Tula y Salamanca y se quedaron con el proyecto de mil 200 millones de dólares para el gasoducto Los Ramones.
En los tres años siguientes el órgano fiscalizador encontró más anomalías en Minatitlán: cosas como el costo de la obra, que se disparó 66 por ciento (el contrato original fue por 634.9 millones de dólares y al final le pagaron mil 055 millones de dólares), y el retraso en la entrega, (cinco años, el plazo asignado se venció en 2008, los trabajos se concluyeron hasta 2013).
No obstante, entre 2010 y 2012, Odebrecht consiguió que el gobierno de Calderón les pagara 191 millones de dólares adicionales para sus trabajos en Minatitlán; Pemex le sumó al pagó 25 millones de dólares en 40 contratos complementarios otorgados sin licitación.
CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL
Una frase que se ha hecho moneda corriente en los últimos meses es que las informaciones surgidas en torno al caso Lava Jato podrían derribar presidencias o hacer caer gobiernos.
Porque a pesar de su resistencia a 'cantar', Marcelo aceptó hablar para rebajar su condena. Con él, otros 77 altos cargos de la empresa acordaron dar nombres, fechas y montos a cambio de reducciones.
En Brasil han sido mencionados entre los beneficiados con dinero de la empresa, el expresidente Lula da Silva y elementos del equipo de la ex titular del Ejecutivo brasileño, Dilma Rousseff.
Claudio Melo Filho, un alto cargo de la empresa, aseguró que el actual presidente de Brasil, Michel Temer, aceptó 10 millones de reales, más de tres millones de dólares, para su campaña electoral.
Fuera de ese país, las palabras de los acusados devenidos en delatores afectaron al expresidente peruano, Alejandro Toledo, sobre el que pesa una orden de aprehensión.
En Argentina, la empresa de un primo del presidente Mauricio Macri también ha sido ligada a las coimas del gigante de la construcción.
En Colombia se dijo que parte del dinero recibido como soborno por un exsenador detenido, Otto Bula, habría terminado en la campaña presidencial del actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
Luego, tal versión fue matizada afirmando que no había prueba física de dicho financiamiento ilegal, es decir, se consiguió evidencia de los giros enviados de Brasil a Colombia, pero no sobre la entrega de un millón de dólares al gerente de la campaña de Santos, Roberto Prieto, con la intermediación de Andrés Giraldo (amigo de Prieto).
Además, había indicios de que la compañía jugaba con dados cargados en el proceso colombiano. Una vertiente de la investigación era la participación del consultor brasileño Duda Mendoca, detenido en el marco de la Operación Lava Jato, contratado para la campaña de Óscar Iván Zuluaga, delfín del expresidente Álvaro Uribe y contrincante de Santos.
No obstante, Otto Bula, difundió una carta aclaratoria en la que explicó que no mencionó al presidente Santos en su declaración ante la justicia y reiteró que el beneficiario del millón era Giraldo.
EL FIN DEL MUNDO
Todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera, escribió León Tolstói. Las familias de los papeles de Panamá o de las filtraciones de Bahamas o de las confesiones de Lava Jato tenían millones de razones para sentirse contentos. La infelicidad, sin embargo, llegó a sus playas con formas que anulan el decoro. En el caso de Odebrecht la desgracia -porque corromper no es ilegal si no lo cachan a uno- hizo de una firma envidiable un monstruo con tentáculos únicos.
A su favor juega que no en todos lados la avalancha lleva el mismo ritmo. En el caso de México, por ejemplo, es la explosión de indignación en otros países la que ha movido a los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública o de la Procuraduría General de la República a cuando menos afirmar que están indagando en busca de los corrompidos.
A pesar de los hechos expuestos por MCCI, no fue sino hasta el 25 de enero de este año que Pemex presentó una denuncia ante la PGR por posibles actos delictivos perpetrados en su contra dentro de las operaciones ilegales confesadas por ejecutivos de Odebrecht.
A mediados de febrero una delegación de la Procuraduría mexicana viajó a Brasil a una cumbre en la que 11 países acordaron formar equipos conjuntos para coordinar las investigaciones a propósito de las corruptelas de la compañía.
El periodista Antonio Navalón opina que el consorcio brasileño es como una enfermedad que infectó a los gobiernos de derecha y de izquierda en el continente y que ahora "ha mutado en un virus que amenaza con elminar a una gran parte de la clase política".
El español radicado en México indica que si algo se le puede reconocer a Odebrecht es su raíz profundamente democrática (...) todos participaron sin tener problema alguno ni con los populistas, ni con los conservadores.
Analistas y activistas como Astrid Puentes Riaño consideran que el caso podría ser apenas la punta de un iceberg, uno que si ayer golpeó naves brasileñas, hoy causa estragos en Perú y mañana bien puede tocar a la puerta de algún funcionario o político mexicano, dominicano, ecuatoriano seducido por el canto transnacional de un emperador convertido en chivato.
Correo-e: bernantez@hotmail.com
