— Dante Alighieri
El 22 de mayo de 1520, durante la fiesta de Tóxcatl, celebrada por los nahuas en honor de Huitzilopochtli, el conquistador Pedro de Alvarado alevosamente llevó a cabo la "matanza del Templo Mayor"; la fiesta alcanzaba su mayor esplendor cuando los mexicas se dirigen al patio del templo para bailar el "culebreo". Y cuando todo el mundo estuvo reunido, comenzó el canto y la danza; iban al frente guiando a la gente los grandes capitanes.
Bartolomé de las Casas relata que mientras se está gozando de la fiesta y los cantos son como un estruendo de olas, en ese preciso momento los españoles toman la determinación de matarlos.
Cierran las salidas y entradas; ya nadie pudo salir. Inmediatamente entran al Patio Sagrado; cercan a los que bailan: dieron un tajo al que estaba tañendo: le cortaron ambos brazos. Luego lo decapitaron: lejos fue a caer su cabeza cercenada. Al momento todos acuchillan a los aztecas y les dan tajos con las espadas. A algunos les acometieron por detrás; cayeron por tierra dispersas sus entrañas. A otros les desgarraron la cabeza: se las rebanaron, enteramente hecha trizas quedó su cabeza. A otros les dieron tajos en los hombros: desgarrados quedaron sus cuerpos. Todas las entrañas cayeron por tierra. Y había algunos que aun en vano corrían: iban arrastrando los intestinos y parecían enredarse los pies en ellos. Anhelosos de ponerse en salvo, no hallaban a donde dirigirse; algunos intentaban salir: allí en la entrada los apuñalaban. Otros escalaban los muros; pero no pudieron salvarse. Otros se entremetieron entre los muertos, se fingieron muertos; aparentando ser muertos, se salvaron. La sangre de los guerreros cual si fuera agua corría y se encharcaba, y el hedor de la sangre y de las entrañas se alzaba al aire.
"Tonatiuh" Alvarado buscó justificarse alegando que los mexicas intentaban matar a los españoles.
¿Pueden justificarse los abusos de las autoridades a los derechos humanos basados en la gran crisis de inseguridad que se vive en México? Este es un dilema ético que confronta a la ciudadanía continuamente. Las autoridades buscan justificar ejecuciones extrajudiciales, tortura, manipulación de evidencia y uso excesivo de la fuerza pública ante su evidente ineficiencia y excesiva corrupción para combatir el crimen organizado. Este argumento se usa como un mal necesario.
En 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió más de 500 denuncias por violaciones a personas cometidas en México, siendo muy común que las autoridades detengan de manera ilegal a personas que no son delincuentes, luego las incomuniquen, torturen y en el mejor de los casos las extorsionen, porque en muchos otros se llega hasta el asesinato; siempre buscando justificar estos abusos por parte de la autoridad y sin llegar jamás a ser castigados quienes los realizan.
La grave crisis de derechos humanos y violencia, que ha alcanzado niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada de las víctimas y familiares; ha llevado a que la Federación Internacional de Derechos Humanos presentara esta semana, una denuncia por crímenes de "lesa Humanidad" ante la Corte Penal Internacional, cometidos en Coahuila por un cártel criminal que contó con la complicidad por omisión, en ciertos casos por comisión, de las autoridades estatales y municipales.
Hasta hoy, a estrategia de las autoridades mexicanas y en especial las coahuilenses ha sido justificarse alegando falsedades en las denuncias; así como fustigar fuertemente a quienes les critican y mostrar un rostro despreocupado, irresponsable; con marcado cinismo y hasta descaro, sabiendo que como en México "no pasa nada" nadie podrá provocarles daño alguno y los afectados tendrán que aguantar su desesperación y coraje.
Debido a los muy altos niveles de impunidad, ya es costumbre de los gobiernos mexicanos generar crímenes de estado como Tlatelolco (1968); "Halconazo" (1971); Aguas Blancas (1995); Acteal (1997); Atenco (2006); y en este sexenio continua y permanentemente casos como Ayotzinapa, Apatzingán, Tlatlaya y en Coahuila pavorosamente en Allende, donde no hubo de parte de ninguna autoridad, la más mínima ayuda a una población desvalida y destruida. Recordemos que los crímenes de "lesa Humanidad" se definen como aquellos que son perpetrados por las autoridades de un estado o por particulares que actúen por instigación de dichas autoridades o con su tolerancia; Todos los antes mencionados caen, precisamente, en esta justa categoría
Hoy mismo la ciudadanía tiene más miedo a las autoridades que a los delincuentes; quedo aclarado el cómo los criminales de los habitantes de Allende, Coahuila, supieron que eran denunciados en Estados Unidos, fue vía la propia autoridad; misma que hoy se desgarra las vestiduras y asegura que sí ha habido intervención de ella en el caso y que siguen abiertas las averiguaciones; pero sin resultados reales a más seis años de dicho genocidio. Esto provoca que la mayoría de los crímenes no se denuncien. Las autoridades han dejado de ser vistas como protectores de la ciudadanía y han pasado a convertirse en una amenaza terrible e imposible de combatir y surgen impotencia y tristeza que abonan a favor de quienes apoyan la pena de muerte y la posesión de armas por ciudadanos, a fin de promover la legítima defensa sin castigo alguno; al estilo del viejo oeste.
Paul Ricoeur, filósofo francés, pide conjugar la intencionalidad ética con la normatividad jurídica en el entorno de instituciones justas, para que de esta manera los postulados y aplicación de los derechos fundamentales florezcan y esa institución sea la democracia; porque de ella surgirán, en un proceso dialéctico, como frutos maduros esos anhelados derechos que hoy se nos niegan.
Busquemos pues como sociedad la anhelada democracia auténtica y lo demás vendrá por añadidura.
