Foto: Codelco
La tasa de participación del sexo femenino en el mercado laboral se estancó en un 53 por ciento. México es el único país de la región donde el desempleo varonil supera al femenil.
A trabajo igual debe corresponder salario igual, reza un principio que sigue sin aplicarse y que perjudica con mayor insistencia a las mujeres latinoamericanas.
El Día Internacional de la Mujer es un marco ideal que organismos como Naciones Unidas aprovechan para difundir estudios, balances, gráficos y demás información desmenuzada.
Los análisis, las numeralias, los datos y más datos no hacen sino confirmar la existencia de un sistema propenso a ser disparejo con el sexo femenino.
Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), lo explica de otro modo. Los indicadores laborales en la región, dice, muestran "grandes brechas de género en el acceso a oportunidades y derechos entre hombres y mujeres".
Su diagnóstico expone que la desigualdad brota de "un sistema social que reproduce estereotipos y conserva una división sexual del trabajo que limita la inserción laboral de las mujeres".
Un panorama contrario al ideal de la igualdad salarial tiende a favorecer el crecimiento de la pobreza y hace que el ideal de autonomía económica de muchas mujeres se vea frustrado, cuando no liquidado.
La situación para ellas es todavía más difícil cuando el mundo se encuentra en una fase de contracción económica.
PANORAMA DESALENTADOR
Pero, ¿es posible concretar en la realidad la idea de disminuir la disparidad en el terreno laboral? Una nota para la igualdad, elaborada por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) y difundida el pasado 7 de marzo invita a extraer conclusiones negativas.
Entre 2003 y 2013 la tasa de desempleo en Latinoamérica fue a la baja; los puntos que se restaron al total de personas sin trabajo sumaron un 2.8 por ciento. A partir de 2015 la tendencia se revirtió, la región comenzó a perder el terreno ganado.
En el informe titulado Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, elaborado por la Cepal, se consigna que en 2015 la tasa de desempleo alcanzó al 7.4 por ciento de la población de la región.
Las mujeres fueron las más perjudicadas; el 8.6 por ciento de ellas no consiguió trabajo; la brecha con respecto a los varones (6.6 por ciento) fue de dos puntos porcentuales.
Además, la tasa de participación del sexo femenino en el mercado laboral se estancó en un 53 por ciento.
Los datos preliminares del año pasado arrojan que en los países latinoamericanos y caribeños el desempleo aumentó en promedio 0.5 puntos porcentuales respecto a 2015; el incremento en el porcentaje de mujeres sin fuente de trabajo fue de 0.7 puntos porcentuales, mientras que para los hombres se incrementó en tres décimas de punto.
En la Cepal advierten que si bien las tasas de desempleo femenino y masculino varían de país en país, la brecha de género acaba por inclinarse a favor de los varones.
En este apartado, el organismo de Naciones Unidas extendió una mención honorífica a México, único país de la región donde el desempleo varonil supera al femenil por apenas una décima de punto.
En naciones como Belice y Jamaica la brecha es superior a los siete puntos porcentuales.
¿La cuestión puede empeorar? Sí, porque las tasas de desempleo se mantienen particularmente altas entre las personas con los ingresos más bajos, la brecha se agranda y las mujeres son las más perjudicadas.
EL CAMINO A SEGUIR
Las soluciones planteadas, sin embargo, no dicen mucho sobre una realidad igualitaria, hablan más de un camino por recorrer. Es decir, se sabe que las políticas de empleo deberían ser capaces de modificar la actual estructura, la disparidad existente, los sesgos de género afianzados en el mercado laboral.
También existe consenso acerca de la urgencia por reconocer y fomentar la redistribución del tiempo de trabajo no remunerado.
En un mundo ideal, desde luego, cuestiones como el cuidado de los hijos, de los familiares que no pueden valerse por sí mismos y de los adultos mayores, no debería recaer exclusivamente sobre las madres, hijas, hermanas y demás.
Pero los tiempos que corren están lejos de ser los ideales para construir una sociedad que, cuando menos, haga valer aquello de "a igual trabajo, igual remuneración".
Y en esto vuelve a entrar en juego una conclusión con tinta de lugar común: las tasas de desempleo de las mujeres son sistemáticamente mayores que las de los hombres.
El OIG incluye en su nota el consecuente llamado a generar empleos de calidad, en los que las competencias, los niveles de instrucción y la productividad de las mujeres sean debidamente reconocidos.
Sin embargo, predicar la necesidad de eliminar las diferencias en el trato, de cumplir a cabalidad el precepto del "a igual trabajo...", no es igual a conseguir avances en el tema.
Otra muestra de que la disparidad se ensaña con las faldas, es que el 78.1 por ciento de las mujeres ocupadas desarrollan sus actividades en sectores definidos como de baja productividad.
La baja productividad implica recibir las peores remuneraciones, una cobertura baja de la seguridad social y un contacto escaso con las tecnologías y la innovación. Es decir, los ingresos por desempeñar esos trabajos son menores, las prestaciones no son las mejores y hay escasas opciones de alcanzar un grado de especialización que permita ascender en la escala laboral.
LAS DEUDAS DEL ESTADO
Para cerrar la brecha existente entre trabajadores y trabajadoras, los organismos internacionales destacan la importancia de que los gobiernos de los países muestren interés en salvar los obstáculos que impiden la plena incorporación de las mujeres, en igualdad de condiciones, en todos los espacios de la vida social, cultural y económica.
En el OIG, por ejemplo, consideran que en el último cuarto de siglo se han instrumentado diversas medidas y propuestas de políticas públicas para la igualdad, pero los avances no han sido los deseados por factores como el compromiso insuficiente de los actores del Estado, la precariedad de los sistemas de indicadores de seguimiento y la debilidad de la producción de conocimiento sobre el impacto de los planes de igualdad.
La elaboración de planes es una de las acciones preferidas por los organismos internacionales, es entendida como un compromiso con el futuro, el planteamiento de objetivos y la ruta trazada para alcanzarlos.
Desde esa perspectiva, puede afirmarse que la igualdad de género se ha instalado como un objetivo de las políticas públicas en América Latina, aunque los avances y efectos en la búsqueda de esa igualdad varíen dependiendo del país que sea sujeto de análisis.
Un hecho que puede percibirse con una revisión frecuente a las agendas de los órganos de gobierno y toma de decisiones es la presencia cada vez mayor de voces que antes formaban un colectivo sumamente ignorado, el de las mujeres silenciadas o invisibilizadas, mujeres víctimas de violencias de todo tipo, desde la física hasta la psicológica, desde la privada hasta la mediática.
La incorporación de puntos de vista, desde luego, ha dado otro vigor a debates que usualmente no despiertan interés por su escasa cercanía con la realidad.
Escuchar a las víctimas suele dejar impresa en el ánimo la idea de que el Estado acumula un montón de deudas hacia el sexo femenino.
En el OIG consideran que una gestión pública con enfoque de género es indispensable para avanzar hacia la igualdad. Empero, no es el único requisito irrenunciable. Sin un accionar armónico de gobernantes, organizaciones civiles y sociedad en general, un accionar alineado con los objetivos y las metas planteados en los planes de igualdad, eliminar la disparidad es poco menos que imposible.
Sin el trabajo conjunto, con toda la complejidad que entraña, nunca se aprende la lección de la responsabilidad compartida.
Correo-e: bernantez@hotmail.com
