La Secretaría de Educación Pública (SEP) invirtió 789 millones de pesos y creció en 20 % la cobertura del Programa Nacional de Inglés (Proni), que no tenía los mecanismos para supervisar que los recursos se aplicaran como debían, que no especificaba los requisitos que debían cumplir los asesores que iban a enseñar el idioma y que no satisfizo las necesidades particulares de cada estado.
Un año después, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que las entidades federativas a las que se les entregó el dinero tienen que comprobar o reintegrar 594 millones 826.8 mil pesos.
En su cuarto informe de actividades, la SEP dio a conocer que en el ciclo escolar 2016-2017 el plan daría cobertura a 9.3 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria de 34 mil 465 escuelas públicas de todo el país. Señaló que continuarían "las acciones primordiales, la adquisición y distribución de paquetes educativos para docentes y alumnos".
Según el dictamen del auditor, la SEP no dio seguimiento ni supervisó la aplicación de los recursos del proyecto. Además "existieron deficiencias en las reglas de operación, puesto que no especifican los requisitos que debían cubrir los asesores externos contratados para dar clases de inglés".
