Propuesta. El gobierno español envió ayer martes un último mensaje a Carles Puigdemont. (EFE)
El Senado español ofreció ayer al presidente regional de Cataluña, el independentista Carles Puigdemont, debatir con el Gobierno el jueves o el viernes próximos las medidas propuestas por el Ejecutivo central para restaurar la legalidad en esa región autónoma.
Por su parte, el líder catalán tiene "voluntad" de acudir a la cámara para explicar por qué las rechaza, según dijo ayer el portavoz del gobierno regional, Jordi Turull.
El Gobierno español que preside Mariano Rajoy propuso el sábado cesar a Puigdemont y todo su equipo y convocar elecciones antes de seis meses al amparo del artículo 155 de la Constitución frente a la amenaza secesionista de las autoridades regionales, medidas que el pleno del Senado debe ratificar el viernes 27 de octubre.
Ese artículo permite al Gobierno asumir el ejercicio de las competencias de una autonomía cuando incumple las leyes nacionales.
El Senado ha constituido una comisión específica para tramitar esa propuesta del Ejecutivo, a la que Puigdemont o un representante podrán presentar alegaciones por escrito o en persona hasta el jueves por la mañana.
Además, se le da la opción de intervenir en esa comisión el jueves por la tarde o el viernes por la mañana en la sesión plenaria del Senado.
El vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, adelantó que, si Puigdemont decide acudir, se le ofrecerá la oportunidad de debatir directamente con un representante del Gobierno.
El Parlamento catalán tiene fijado para el jueves un pleno para tratar la aplicación del artículo 155, con la hipótesis de que prosiga el viernes.
ANUNCIA RECURSOS
El Gobierno regional de Cataluña anunció un conjunto de recursos al Tribunal Supremo y al Constitucional para intentar frenar las medidas aprobadas por el Ejecutivo español, que pretende evitar la secesión de esa comunidad.
El portavoz del ejecutivo catalán, Jordi Turull, comunicó ayer martes a la prensa que han acordado una "respuesta jurídica", con la intención de "agotar las vías internas", antes de acudir a instancias internacionales.
Las acciones legales comenzarán con la petición de un informe al Consejo de Garantías Estatutarias- órgano que vela por el cumplimiento de Estatuto de Autonomía (máxima norma de la región)-, al entender que las medidas que plantea el Gobierno central "sobrepasan todos los límites" legales.
Éste será el paso previo a plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional español (TC), que harán una vez que el presidente catalán, Carles Puigdemont, envíe al Senado sus alegaciones contra las medidas del Gobierno central.
Interpondrán el recurso de amparo ante el TC por una cuestión de plazos, de formas y de fondo, explicó Turull.
