Hace quince años por fin se consiguió, aunque ya existía desde hacía 25, que se regulara el derecho a la información pública en México, tras la iniciativa que el gobierno de alternancia de Vicente Fox enviara al Congreso para que ese derecho se convirtiera en la punta de lanza para iniciar el camino de una larga pendiente que nos permitiera acceder a documentos, datos, información pues, de lo que el gobierno hace.
Cabe señalar que las organizaciones de la sociedad presentaron una propuesta de Ley General, y los legisladores aprobaron una Ley Federal, que en casi nada los ha tocado a ellos como poder; y como sucedió con el IFE, en el IFAI también su primer Consejo General construyó las bases sobre las que se construye el proceso de transición democrática de nuestro país.
Estas acciones no convinieron a la clase gobernante y sus cómplices, y a través de los partidos políticos con mayor representación en el Congreso, se repartieron en cuotas esos Consejos. Es claro que se extraña a José Woldenberg, a María Marban y compañeros. Viene al caso el recordar estos acontecimientos porque no debemos olvidar cómo estas dos importantes y fundamentales instituciones se deterioraron, toda vez que en Coahuila, estamos en el inicio de otro proceso que, al igual que el nacional, busca hacer los arreglos formales necesarios para impulsar un sistema de combate a la corrupción.
Este pasado, donde la representación social en el poder legisativo sólo hace caso a los intereses de sí mismo, transformado en clase política, se hace presente hoy, aquí en nuestro estado y sus municipios. Como se señala líneas arriba, el camino recorrido ha estado plagado de obstáculos, todos ligados con los privilegios que una rapaz clase de gobernantes y burócratas de alto nivel se resisten a perder, ya se trate de decisiones para otorgar contratos o concesiones de bienes o servicios, tráfico de influencias, uso de terceros para hacerse de fortunas, manejo a placer de los recursos públicos… en fin, amable lector, cualquier acción de gobierno que le beneficie en lo personal, y en no pocas ocasiones en lo familiar.
En Coahuila ya va para 12 años que venimos padeciendo un verdadero régimen feudal donde el robo, el saqueo de los recursos públicos ha sido sistemático, y los actores tienen nombre y apellido. En esta ocasión sólo señalamos a dos personas que por el voto llegaron a ser legisladores en dos ocasiones y que son fieles representantes de ese pasado que se hace presente: Shamir Fernández y Verónica Martínez, a los que les es común haber sido actores principales y corresponsables de dos decisiones: la primera, cuando pertenecieron a la LVIII Legislatura (2009 - 2011) período en el que se legalizó la ilegal deuda contratada por los gobernadores Humberto Moreira y Jorge Torres (prófugo de la justicia);segunda, como miembros de la LX Legislatura, cuyo período termina este año, al aprobar propuesta de Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila ordenada por el gobernador Rubén Moreira, que pretende - a partir de lo que se lee en su contenido - mantener el estado de corrupción e impunidad que impera en el gobierno todo en el estado, ya que el Fiscal General será propuesto por el gobernador y aprobado por las dos terceras partes del Congreso (que controla el propio gobierno). Éste a su vez tendrá la facultad de nombrar Y REMOVER al Fiscal Anticorrupción, quien también deberá contar con el aval del gobernador; claro que el primero, será nombrado previa convocatoria pública abierta y transparente, para justificar la decisión autoritaria ante las formas establecidas. Me parece que el cinismo no tiene comparación.
Las propuestas que hizo Sociedad Civil a través de la Alianza Anticorrupción Coahuila para nada fueron tomadas en cuenta, mucho menos su interés y exigencia de participar en este proceso; lo mismo sucede con quienes formaran parte del Tribunal de Justicia Administrativa. Las espaldas deben cuidarse, para ello se montó esta ópera bufa, pero aún tenemos más nombres que es necesario ventilar: el Presidente de la llamada Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de esta legislatura, comisión que denigra su nombre al haber celebrado su sesión a puerta cerrada, sólo para complementar la instrucción recibida, simular la discusión y salir al pleno para que fuera votada; Luis Gurza Jaidar, quien a falta de ideología, los intereses y beneficios personales lo llevaron del PAN al PRI para ocupar este cargo de elección; efectivamente cumple con la encomienda y no puede haber frase más adecuada para su actuación que la que aparece al cierre de su Curriculum Vitae en la página del Congreso y que Usted, amable lector, puede encontrar: " Actualmente está trabajando para ti como Diputado electo por el IX Distrito en la LX Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza". En este caso "ti" somos nosotros los que afirma representar. Amable lector, si te interesa participar, involucrarte en asuntos de interés general, en conocer al gobierno, acércate, en PC 29 te decimos cómo. Claro que hay más nombres y acciones
En el Cajón. Es lamentable que la academia haya servido para producir servilismo como el que significa la actuación de José María Fraustro, Presidente del Congreso de Coahuila. De Director de facultad, saltó a Rector del Universidad Autónoma de Coahuila por dos períodos, de este cargo a Subsecretario de Educación en el área de Planeación, y ahora impulsor de la protección a la corrupción y la impunidad. Por cierto, en su Curriculum no señala que fue subsecretario en un Gobierno federal, panista.
www.pc29laguna.org.mx
Facebook: Participación ciudadana 29
Twitter: @pc29laguna
