La mañana del 22 de septiembre circuló la noticia de que la LX Legislatura de Coahuila había aprobado una nueva reestructura de la deuda que azota a nuestro estado. Por supuesto, la iniciativa venía de un Ejecutivo que tuvo a su servicio al Congreso, de aplastante mayoría priista, durante todo su período de gobierno. Al igual que en la contratación de la megadeuda, los ciudadanos desconocemos los motivos y la justificación para la solicitud de semejantes créditos, y ahora de una reestructura que incluye un pilón de aproximadamente 700 millones de pesos.
Llevamos años denunciando la opacidad en la ruta del dinero. Pero son más los años que le esperan a un Coahuila endeudado, de municipios con pésimos servicios, incapaz de cubrir las necesidades básicas en salud para una población que todavía falla, en general, al relacionar estas decisiones de gobierno con la vida cotidiana y sus dificultades.
La administración de Humberto Moreira, la desfachatez política de él y sus funcionarios, han abierto el camino a una transformación que no esperaban de la ciudadanía: a partir del destape de la megadeuda, se han organizado colectivos y asociaciones de todas las regiones del estado en busca de respuestas y soluciones en el combate a la corrupción e impunidad generalizadas en las instituciones de gobierno.
Algunas de estas organizaciones encontraron cauce a sus metas en la implementación de las mesas de Alianza para Gobierno Abierto en México (AGA), una iniciativa a nivel mundial surgida en 2011 que busca establecer nuevas bases para la interacción entre sociedad civil y gobierno, a través de la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y la innovación tecnológica en el gobierno.
En Coahuila, las reuniones de AGA iniciaron en 2015 entre la sociedad civil, representantes del gobierno de Rubén Moreira, y la representación de un órgano garante -el ICAI- con uno de los focos puesto sobre la ruta del dinero, desde la solicitud de alguna entidad o funcionario (que aún desconocemos), pasando por la contratación de los créditos, hasta el destino final de cada uno de los 36 mil millones de pesos. Al igual que en la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción, la respuesta a la sociedad civil del gobierno del estado ha sido clara: no le interesa, ni le preocupa, relacionarse de manera abierta ni cumplir con las metas.
Las organizaciones que formamos parte de AGA en Coahuila hemos insistido en que es obligación del gobierno explicar, a través de documentos oficiales, de qué oficina y quién firmó la solicitud de los mentados créditos, en qué se gastaron y para qué se pedía cada uno de los pesos. La respuesta de los funcionarios en la mesa ha sido reiterativa, y vacía: no existen esos documentos, o la información es reservada para la entidad gubernamental (es decir, que es privada, la que a todas luces y por ley, debe de ser pública).
La burla que la administración de Rubén ha hecho a los señalamientos de la sociedad civil, los detractores del movimiento pagados por su gobierno, cada revés que pretenden atizar a la ciudadanía en AGA, SEA o cualquier otro espacio ciudadano cuyo espíritu representa una afrenta contra su forma de vida y de gobierno, han cultivado la participación ciudadana y la desconfianza en las instituciones de gobierno.
La sociedad civil pugna por el fortalecimiento de las instituciones que hoy están totalmente devaluadas: trabajamos por un sistema judicial que garantice la seguridad de los ciudadanos; por un sistema de salud que atienda con recursos materiales y humanos suficientes; por infraestructura digna; por un Coahuila competitivo que ofrezca verdaderas oportunidades de educación y desarrollo a sus habitantes. Nada, ninguno de estos sueños se alcanzarán a la sombra de un gobierno que simula interés ante la sociedad civil y pacta en lo oscurito de un congreso servil, para seguirla sometiendo.
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