Inconformes. El colectivo #SeguridadsinGuerra está en contra la militarización del país.
Muy poco peso tuvieron las protestas, los argumentos y las advertencias de organizaciones de la sociedad civil en el ánimo de los diputados que aprobaron ayer la Ley de Seguridad Interior. Primero "en lo oscurito" en la Comisión de Gobierno y luego en fast tack en el pleno.
Por eso, las organizaciones que integran el colectivo #SeguridadsinGuerra pedirán a los partidos que votaron en contra interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de que el Senado ratifique esta legislación, que "militariza al país", dijo Catalina Pérez Correa, académica del Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE).
Pero previó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentará el recurso en su momento, como ya lo advirtió el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, desde Washington.
"Dependiendo de que aprueben la ley y cómo la aprueben, la Comisión Nacional cumplirá con su función de evaluar si es contraria a los principios constitucionales y desde luego tenemos la facultad de una acción de inconstitucionalidad", dijo.
Este jueves, en un comunicado, la CNDH destacó que "una ley de seguridad interior en los términos que se plantea contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta".
Por eso el colectivo #SeguridadsinGuerra confía en su intervención. En cualquier caso, Pérez Correa adelantó que "tendremos que recurrir al Poder Judicial para que ellos detengan la barbaridad y la irresponsabilidad que se está cometiendo".
La inconformidad de las organizaciones que integran el colectivo #SeguridadsinGuerra ha sido constante desde que se previó la acelerada aprobación de la Ley de Seguridad Nacional. En su página de internet han advertido en diferentes momentos sobre los riesgos de la legislación que ayer aprobó el PRI con el apoyo del PVEM y de 14 diputados panista.
"Nos oponemos categóricamente a la expedición de una ley o reformas que permitan a las autoridades federales, estatales y municipales continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública", expresó el colectivo en un comunicado.
Al finalizar la votación en comisiones, integrantes del colectivo manifestaron también su inconformidad. Alfredo Lecona, integrante del colectivo, también adelantó su petición para que la CNDH intervenga con un recurso de inconstitucionalidad. Dijo: "Acaban de dar un golpe a los derechos humanos y a un proceso de paz".
Este miércoles, además, 11 organizaciones internacionales también se manifestaron en contra de la ley, en un comunicad que emitieron previo a la votación.
Allí expresaron su preocupación por el efecto de militarización que plantea la ley y pidieron al Estado mexicano atender las exigencias de organizaciones sociales que demandan reformas para acabar con la impunidad en el país.
"Urgimos al Congreso mexicano a rechazar una ley que levanta serias y fundadas preocupaciones y a hacer valer a nivel interno el compromiso con los derechos humanos que México defiende férreamente ante la comunidad internacional. El Estado mexicano debe atender las exigencias de las organizaciones sociales que demandan reformas para profesionalizar la policía en todo el país y garantizar una Fiscalía y un Fiscal General autónomos, capaces de investigar delitos y violaciones a derechos humanos. El Fiscal y la Fiscalía son herramientas necesarias para acabar con la impunidad generalizada en el país", anotan en el comunicado.
Las organizaciones que firmaron el documento son: Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT), Amnistía Internacional, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Conectas Direitos Humanos, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI), Robert F. Kennedy Human Rights y World Organisation Against Torture (OMCT).
