Refirió que es un compromiso del procurador federal, Raúl Cervantes, elevar a estándares internacionales la calidad. (ARCHIVO)
El titular de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la PGR, Roberto Ochoa Romero, aseveró que es necesario diseñar e implementar un Código Penal único para la República mexicana.
Al hablar a nombre del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, dijo que en la última reunión de procuradores hubo coincidencia en que se debe establecer la esta homologación para ser más eficientes en el combate a la delincuencia.
Durante la Inauguración del Curso de Formación y Capacitación Inicial para Agentes del Ministerio Público de la Federación, generación 2017-I, Ochoa Romero llamó a los congresos locales a legislar para lograr un Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral que funcione de manera integral.
Hasta el momento, expuso, la arquitectura de las instituciones que están encargadas de darle salida a los conflictos legales no está homologada, lo que a final de cuentas mina la impartición de justicia.
Se requieren instituciones fuertes, que hablen el mismo idioma, se comuniquen eficazmente y trabajen de la misma manera los criterios de oportunidad, las órdenes de aprehensión, las formas de detención o las solicitudes de prisión preventiva cuando ésta se justifica.
El funcionario destacó que en el curso se inscribieron mil 200 estudiantes de Derecho y sólo fueron seleccionados 100, mediante un procedimiento muy riguroso.
Refirió que es un compromiso del procurador federal, Raúl Cervantes, elevar a estándares internacionales la calidad y la capacitación en la formación de los agentes del Ministerio Público, de los servicios periciales y la Policía de Investigación.
Recordó que durante la comparecencia ante senadores, en días pasados, el procurador general de la República se pronunció por la homologación en todo el país de la forma en que se presentan y se desahogan las denuncias, pues las variaciones en el sistema de estado a estado generan más costos y dificultan el acceso a la justicia.
