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Presentan en La Haya denuncia por delitos de lesa humanidad en Coahuila

Se presentó en la corte de La Haya el informe sobre los casos Allende y Piedras Negras. (ESPECIAL)

Se presentó en la corte de La Haya el informe sobre los casos Allende y Piedras Negras. (ESPECIAL)

RENÉ ARELLANO

Luego de una reunión privada por más de dos horas ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, en La Haya, fue presentada de manera formal la denuncia por crímenes de lesa humanidad presuntamente ocurridos en el estado de Coahuila. Por lo pronto, se espera la respuesta de dicho organismo internacional, aunque no se tiene una fecha específica.

Ariana Denise García del Bosque, representante legal de la asociación civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, manifestó su confianza de que dicha denuncia sea aceptada.

Entrevistada vía telefónica, la abogada detalló que ya han existido otros informes que se han presentado ante dicha instancia por crímenes de lesa humanidad en otras entidades de México y la llevada este jueves a La Haya, se suma a dichas denuncias.

"México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza, constituyen crímenes de lesa humanidad", fue el comunicado o informe que presentaron de forma conjunta la Federación Internacional de Derechos Humanos.

Acompañada de las asociaciones civiles Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUUNDEM) y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; apoyados por más de 80 Organismo No Gubernamentales de México presentaron dicha denuncia.

En dicho documento se manifiesta la colusión entre autoridades estatales con el grupo del crimen organizado de los Zetas, para cometer dichos delitos de lesa humanidad entre 2009 y 2016.

Se da un panorama general de la situación del tema de desapariciónes en México, pero al referirse a lo que ha ocurrido y ocurre en Coahuila, señala una política (estructura) dentro del estado de Coahuila que permite y tolera activamente los ataques contra la población civil, estableciendo que la situación de violencia no es ocasional, ni que sea exclusiva de los cárteles de la droga.

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