Esta reunión se produce un día después de que Maduro convocara al Consejo de Defensa de la Nación, en medio de una fuerte presión internacional, para resolver la controversia entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. (EFE)
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió hoy con la fiscal general, Luisa Ortega, después de que ésta alertara al país de la "ruptura del orden constitucional" que representaba la decisión con la que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumió las funciones del Parlamento.
La jefa del Ministerio Público y el jefe de Estado se reunieron en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, y estuvieron acompañados por el alcalde del municipio Libertador de la capital venezolana, Jorge Rodríguez, y la ministra de Despacho, Carmen Meléndez.
Aunque no se ofrecieron ni detalles ni declaraciones del encuentro, en las imágenes se ve a Maduro recibir de Ortega un ejemplar del informe de la Comisión de la Verdad sobre las víctimas del Estado venezolano de 1958 a 1999, concluido hace poco.
Esta reunión se produce un día después de que Maduro convocara al Consejo de Defensa de la Nación, en medio de una fuerte presión internacional, para resolver la controversia entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, después de que Ortega alertara de la "ruptura del orden constitucional" por dos sentencias del Supremo.
El Consejo de Defensa de la Nación es un órgano de consulta para asuntos de suma importancia que reúne a los máximos responsables de todos los poderes públicos, y que puede ser convocado por el jefe de Estado cuando requiera tomar una decisión de importancia.
Al encuentro convocado el viernes asistieron todos los representantes de los poderes públicos excepto el del Legislativo, que se negó a asistir, y la fiscal, que no se sabe si fue convocada.
El pleno decidió la madrugada del sábado hacer un exhorto al Poder Judicial para que revisara las medidas.
Tras ese exhorto el máximo tribunal suprimió partes de la sentencia en las que asumía las funciones del Parlamento, así como de otro fallo en el que limitaba la inmunidad parlamentaria ante la persistencia del supuesto "desacato" del Legislativo en el acatamiento de varias sentencias del TSJ.
