Tras la aprobación de la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura en la Cámara de Diputados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció el trabajo de los diputados.
En un comunicado, el organismo que encabeza el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez sostuvo que con la nueva ley se garantizará a la población el derecho humano a la integridad personal.
“Mediante esa disposición legislativa se pretende erradicar una añeja práctica que también ha evolucionado con el tiempo al aplicar métodos sofisticados que atentan contra la integridad personal, bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal, ya que se trata de un derecho consustancial a toda persona”, dijo.
La ley general contra la tortura establece penas hasta de 20 años de prisión al servidor público que incurra en esas prácticas.
Al respecto, la CNDH dijo que ante la aprobación en la cámara baja, ahora toca al Senado pronunciarse sobre las modificaciones incorporadas y pueda la sociedad mexicana ver lo antes posible aprobarla en su totalidad.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos permanecerá observante de la evolución de los acontecimientos y, en el ámbito de sus competencias, refrenda su compromiso para lograr la total erradicación de ese flagelo en nuestro país”, agregó.
