Delito. El estudio abarcó los períodos de las tres últimas administraciones estatales a nivel nacional. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Coahuila registró posibles actos de manipulación en las cifras de homicidio doloso y culposo, lo cual se reflejó en un intento de aminorar las estadísticas de mayor impacto y/o la falta de capacidad de los ministerios para ingresar la información de forma correcta.
Tras publicarse el estudio "Cada víctima cuenta; hacia un sistema de información delictiva confiable", el organismo México Evalúa, explicó que el estudio abarcó los períodos de las tres últimas administraciones estatales a nivel nacional.
Manifestó que el objetivo era definir la posible manipulación delictiva en dos vertientes; el subregistro, es decir la práctica de omitir cifras, así como la clasificación errónea de calificar un homicidio culposo por doloso.
Dentro de los análisis, se encontró una relación positiva, que representó indicios de manipulación de los registros de homicidio en la mayoría de los estados.
En el caso de Coahuila, fue durante la administración del exgobernador Humberto Moreira Valdés, que se reflejó en mayor medida la reclasificación de los delitos, mientras que en Durango se presentó en las tres últimas administraciones.
En la administración de Coahuila también se consideró el interinato de Jorge Torres López.
No obstante, no descartó que en el resto de las administraciones gubernamentales no se haya presentado la situación en menor proporción.
Explicó que los resultados pueden servir para determinar la necesidad de auditar la veracidad de información sobre la información de homicidios que se envía al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública (SNSP).
En el documento resalta la clasificación errónea o reclasificación, como una práctica a la cual las autoridades recurren cuando se presenta un incremento considerable en los homicidios dolosos.
Tras los resultados del estudio, el organismo asumió que la clasificación errónea tuvo como objetivo reducir las cifras oficiales de incidencia de los delitos de alto impacto, al registrarlos como delitos de menor preocupación social.
Manifestó que esta clasificación también pudo deberse a la falta de capacitación del personal.
Añadió que, de enero de 2014 a septiembre de 2016, a nivel nacional se observa una clara tendencia a reclasificar delitos de manera ex-post. Es decir, las entidades federativas modificaron los datos de incidencia delictiva de su jurisdicción, meses después de su registro ante el SNSP, especialmente los de enero, febrero y marzo del año siguiente.
