El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un nuevo decreto de "estado de excepción y emergencia económica" que restringe las garantías constitucionales en todo el territorio nacional como una medida para "preservar el orden interno", según publicó ayer la Gaceta Oficial.
El decreto establece la facultad del Ejecutivo nacional para que adopte "la medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas, y otros productos y servicios".
La norma señala además que "podrán ser restringidas las garantías" para el ejercicio de los derechos constitucionales, salvo las excepciones que estable la Constitución que son "el derecho a la vida, prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles".
El Gobierno venezolano podrá "diseñar y ejecutar planes de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la nación, la seguridad personal, y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados".
El presidente se facultó también para decidir "la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político" contra autoridades del poder público y altos funcionarios cuando éstas obstaculicen la implementación de medids económicas.
Este decreto permite al Gobierno, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.
A través de este nuevo texto legal, el Ejecutivo venezolano argumenta como una de las razones para la implementación de estas medidas que "sectores nacionales e internacionales adversos a cualquier política pública de protección del pueblo venezolano (...) mantienen el asedio contra la recuperación de la economía venezolana".
Los decretos de estados de excepción, según la Constitución, requieren de la aprobación de la mayoría del Parlamento, controlado por la oposición y que actualmente se mantiene en "desacato" por parte del Tribunal Supremo de Justicia.
En esta ocasión el decreto será enviado directamente a la máxima corte para declarar su constitucionalidad, como ha ocurrido con todos los decretos anteriores que han mantenido restringidas las garantías desde enero de 2016.
'PLANTÓN' DEJA CUATRO MUERTOS
La Fiscalía General de Venezuela informó ayer que un hombre murió por un disparo de arma de fuego durante una manifestación contra el gobierno venezolano en el estado central de Miranda, lo que elevó a 43 el número de víctimas mortales en mes y medio de protestas.
El hombre, de 32 años, murió luego de ser herido en San Antonio de los Altos, en Miranda, donde tenía lugar una protesta que fue reprimida por la Guardia Nacional.
Con esta muerte, se cuentan cuatro víctimas fatales en las protestas realizadas en los dos últimos días.
La Fiscalía informó que designó a un fiscal para que se encargue de la investigación de los hechos.
Conforman frente ciudadano
El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles llamó a desconocer este decreto "basura" mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, (AN, Parlamento) Julio Borges, dijo que este documento le otorga al Gobierno "más discrecionalidad" en todo lo que tiene que ver con la represión de las protestas.
Asimismo, desde la AN se conformó un "Frente ciudadano para defender la Constitución y la democracia" ante la convocatoria de Maduro a una Constituyente, en el que participan sectores académicos, obrero, estudiantil, deportivo y de derechos humanos frente a las supuestas intenciones de Maduro de "destruir" la Carta Magna.
Capriles dijo sobre el decreto: "Si usted quiere que este decreto tenga vigencia en el país, usted tiene que llevarlo a la AN, si usted no lo lleva a la AN, yo llamo al pueblo venezolano a desconocer este decreto, desconocerlo completamente, que nos metan presos a todos, a 30 millones de venezolanos".
Señaló que por vía de este decreto, el Gobierno pretende "acabar con la protesta" y pidió a los venezolanos "más que nunca", mantenerse manifestando en las calles pues "muy probablemente esta suspensión de garantías lo que quiere es amparar todos los desmanes" y "violaciones a los derechos".
