Protegidos. En las zonas hoteleras de lujo donde se enfoca la vigilancia de fuerzas federales.
El paraíso de Los Cabos, en Baja California Sur, sigue el patrón de otros destinos turísticos afectados por la violencia: zonas hoteleras de lujo donde se enfoca la vigilancia de fuerzas federales cuando aumentan los homicidios, y la parte donde viven los residentes locales marcada por la marginación y el incremento de la incidencia delictiva. En Cabo San Lucas las noches siguen iluminadas y ruidosas. Los turistas -en su mayoría estadounidenses- sonrientes y cantando van y vienen por el Paseo de la Marina, mientras eligen dónde seguir la fiesta. Los gendarmes, discretos, aprecian el panorama nocturno del destino más exclusivo del país, frecuentado por múltiples celebridades que pueden gastar más de 80 mil pesos por noche.
Considerado el destino prémium de México, Los Cabos (integrado por dos centros turísticos, San José del Cabo y Cabo San Lucas, con una tarifa promedio por noche de 5 mil 800 pesos y villas donde se han hospedado famosos como George Clooney o John Travolta, que pagan 50 mil pesos por habitación) enfrenta hace nueve meses una crisis histórica por el alza de homicidios dolosos con huellas de la delincuencia organizada, y las dificultades para lograr una policía local confiable, replegada casi totalmente por las fuerzas federales.
En un recorrido por la zona dorada y colonias de ambos centros, se observó que prácticamente los patrullajes están sólo a cargo de la Gendarmería y fuerzas militares, incluso, llegan a realizar tareas de vialidad y tránsito, mientras que las policías estatal y municipal participan discretamente.
BRINCO REPENTINO
En 2011 no se registró ningún homicidio doloso, de acuerdo con el reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Hoy suman 178, de octubre de 2016 a la fecha. Aunque casi todas las ejecuciones se han registrado en las colonias, la zona turística no se escapó. Una balacera terminó en el lobby de un hotel, incluso aparecieron cuerpos desmembrados en El Pedregal, en San Lucas, donde se encuentran residencias valuadas en un millón de dólares.
Entre las víctimas mortales, el pasado lunes fue asesinado Carlos Paúl Hernández, de 37 años, subdirector del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Los Cabos, quien había permanecido cinco años en el cargo. El crimen ocurrió cuando se trasladaba a bordo de una camioneta oficial del penal y fue emboscado por hombres armados. El funcionario murió en el hospital debido a la gravedad de las heridas. Días después, el director del Cereso, Gabriel Antonio Martínez, presentó su renuncia argumentando "motivos personales".
En esta semana también murió un menor, de ocho años, quien fue alcanzado por las balas cuando sujetos armados dispararon contra el vehículo en que viajaba con su hermano, en el fraccionamiento Monte Real, en San José del Cabo.
A estos hechos se agregan las fosas clandestinas que se localizaron entre el miércoles 6 y jueves 7 de junio con 18 cadáveres, entre ellos, los cuerpos de cinco mujeres. La jornada del sábado en el estado fue particularmente violenta con cinco víctimas, tres de ellas en Los Cabos y dos en el municipio de La Paz.
Policías de bajo nivel
El informe del SNPS de marzo ubicó a Baja California Sur en la lista con más policías reprobados -38 %-, pero esta cifra fue rebatida por el gobierno estatal, quien aseguró que no estaba actualizada.
Al ser Los Cabos el motor económico de la entidad (recibe 1.5 millones de turistas al año), organizaciones no gubernamentales y empresarios comprometieron al edil Arturo de la Rosa Escalante a iniciar la depuración. En casi dos años de gestión, dio de baja a 61 policías y se quedó con 547 para operar un municipio con 287 mil habitantes (el 40 % de la población total del estado).
El alcalde refirió que el problema ahora es que no atrae tanto ser policía como trabajar en algún hotel pese a ofrecer "los mejores sueldos": 6 mil 564 pesos mensuales a un policía razo. Con todo, aclaró, hay 40 nuevos elementos en formación.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe de febrero sobre la revisión de la cuenta pública 2015 de BCS, encontró irregularidades en el manejo de recursos federales aplicados en seguridad, entre ellas, deficiencias en la capacitación y evaluación de control de confianza, e instruyó a iniciar las investigaciones en Contraloría General del Estado.
Raíces
Ramón Ojeda Mestre, consultor en temas socioambientales para la ONU, asegura:
⇒ En que la falta de planeación y la marginación creciente en esta localidad ha traído graves problemas sociales.
⇒ Además el gobierno federal desatendió el avance del crimen organizado y los gobiernos locales se enfocaron al turismo.
