Exigencia. Más de 100 ONG piden al Gobierno Mexicano rendir cuentas a la sociedad sobre el espionaje.
Un reporte de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) concluye que, en las indagatorias penales que usan espionaje autorizado por un juez, las escuchas son en su mayoría sobre personas que no participaron en un delito.
"(Lo) más preocupante, es que en una gran cantidad de casos las autoridades investigadoras utilizan herramientas de vigilancia en contra de personas respecto de las cuales no existe evidencia de que hayan participado en la comisión de un delito", indica.
"En el mejor de los casos, la utilidad y eficacia de las medidas de vigilancia para fines de investigación criminal ha sido exagerada".
R3D alerta que la inmensa mayoría de las intercepciones de comunicaciones privadas no concluye con una acción penal contra presuntos criminales.
Únicamente en el 8.73 por ciento de las averiguaciones previas en las que se usó una medida de vigilancia entre 2013 y 2015 se ejerció acción penal, señala el reporte "El Estado de la Vigilancia: Fuera de Control".
El espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación contra defensores de derechos humanos, activistas y periodistas, por ello, el gobierno mexicano debe rendir cuentas a la sociedad sobre el uso de esta práctica y la información que obtiene de ella, exigieron organizaciones civiles nacionales e internacionales.
En una carta firmada por más de 100 organizaciones, entre las que destacan el Observatorio Nacional Ciudadano, Transparencia Mexicana, Causa en Común, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Fundar y México Evalúa, señalaron que ante el espionaje revelado por el diario "The New York Times" el pasado 19 de junio, "el gobierno mexicano debe rendir cuentas a la sociedad sobre el uso indiscriminado y arbitrario de métodos de espionaje y explicar el uso de la información que obtuvieron, así como realizar las investigaciones que lleven a la sanción de los responsables de tales actos".
También la firman las organizaciones locales como Renacer Lagunero, Centro de Derechos Humanos "Juan Gerardi", A. C., Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C., así como Casa del Migrante Saltillo y Centro Diocesano para los Derechos Humanos "Fray Juan de Larios", A.C. de Saltillo.
Manifestaron su rechazo a este nuevo ataque en contra de los periodistas y defensores de derechos humanos. "Exigimos rendición de cuentas por parte del gobierno mexicano sobre el uso de malware para realizar espionaje, la apertura de investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes, así como sanciones contra los responsables que, mediante el abuso del poder, han decidido vulnerar ilegalmente la privacidad de estos actores sociales".
Como sociedad, subrayaron, "no podemos continuar aceptando el silencio y la impunidad como respuesta".
Pidieron que se realicen las reformas legales necesarias para regular las facultades de vigilancia del Estado, de conformidad con los parámetros de derechos humanos y garantizando la rendición de cuentas.
"Las autoridades están obligadas a utilizar todas sus facultades legales y constitucionales para atender con prontitud y diligencia a los graves hostigamientos perpetrados contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México", indicaron.
De acuerdo con las organizaciones, hasta el momento la respuesta del gobierno federal ha dejado que desear. Recordaron que después del reportaje del diario estadounidense, el vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez, publicó un mensaje en Twitter donde invitó a realizar las denuncias en la Procuraduría General de la República y se limitó a decir que no había pruebas de que el gobierno mexicano fuera el responsable de estas prácticas de espionaje.
Esta respuesta, aseguraron las ONG, "es deficiente ante las sólidas evidencias técnicas planteadas en la nueva investigación, la cual demuestra fáctica y técnicamente que el software utilizado para intentar espiar a los objetivos es comercializado a gobiernos y existen pruebas de que la PGR y la Sedena cuentan con estas herramientas de espionaje". (Con información de Agencia Reforma y El Universal)
