Postura. Consideran que también la Contraloría debe tener acceso a las declaraciones patrimoniales para su análisis.
Las declaraciones patrimoniales y sus actualizaciones que, por ley deben presentar los servidores públicos no se entregan a la Secretaría de la Contraloría por lo que no se tienen facultades para su medición y análisis; es decir, no hay forma de determinar si efectivamente "entraron siendo pobres y salieron ricos".
Así lo reconoció la titular de esta dependencia, María del Rosario Castro Lozano, quien refirió que Durango es el único estado en el que las declaraciones patrimoniales se presentan ante el Congreso, a través de la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) y no ante la Contraloría.
"Este es un elemento esencial que debe estar en la Contraloría, porque cómo sancionas servidores públicos si no tienes las declaraciones patrimoniales aquí y en razón de esta circunstancia tendrá que analizarse en las leyes de impacto que en el sistema estatal local anticorrupción el Congreso tendrá que reflexionar y debatir", manifestó.
Inclusive la Secretaría de la Función Pública pide la firma de un convenio para que esta información se pueda subir a una plataforma nacional, no sólo local.
Castro Lozano enfatizó que el Congreso del Estado tendrá que analizar este rubro una vez que se vote el Sistema Local Anticorrupción con el fin de que se dé esta atribución a la Secretaría de la Contraloría, para que se le pueda dar un seguimiento.
Actualmente sólo se revisa si cumplen o no, pero la EASE no hace revisiones para constatar que lo que se plasma en la declaración es cierto, además de que éstas no son públicas.
