"Está 'más allá de toda duda' que 'los extranjeros no admitidos y no residentes' no tienen derecho a ser admitidos en los Estados Unidos."
Magistrado Nathaniel M. Gorton, citando a
Adams V. Baker, 1990
Un tribunal de apelaciones, el noveno de distrito en San Francisco, tendrá que decidir la legalidad de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que prohíbe el ingreso a Estados Unidos de refugiados en general y de ciudadanos, aun con visados legales, de siete países musulmanes (Iraq, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen).
Es una mala política pública. Su supuesto propósito es evitar atentados terroristas, pero ningún ciudadano de esos países ha participado en ataques en Estados Unidos. Los participantes de los atentados del 11 de septiembre de 2001 eran mayoritariamente saudiárabes, pero su país no fue vetado. Otros ataques importantes, como el del 16 de junio de 2016 en Orlando, Florida, que dejó 49 muertos, o el del 2 de diciembre de 2015 en San Bernardino, California, con 14 fallecidos, fueron realizados por estadounidenses nacidos en la Unión Americana.
La lucha contra el terrorismo requiere de estrategias más inteligentes. Para empezar, hay que aprender a distinguir a los terroristas. Castigar a inocentes no sólo no es disuasivo, sino que fomenta el terrorismo, ya que afecta a quienes se oponen a esta práctica y a quienes trabajan para combatirla. Las propias fuerzas armadas estadounidenses han señalado que la orden es un peligro para sus colaboradores locales en Iraq y Siria, que a menudo buscan asilo en Estados Unidos.
Una mala política pública, empero, no es necesariamente ilegal. La gran pregunta que tendrán que responder los magistrados, entre ellos Nathaniel Gorton, quien escribió la opinión que rechazó levantar la suspensión al veto otorgada por un juez inferior, es si el presidente tiene derecho a emitir una orden como ésta.
Las órdenes ejecutivas son decretos de un presidente que no pasan por el Congreso. Así gobiernan los dictadores en muchos países, como Nicolás Maduro en Venezuela. En Estados Unidos Barack Obama recurrió a las órdenes para darle la vuelta a un Congreso dominado por los republicanos. Trump cuestionó este uso por Obama, pero lo ha convertido hoy en su principal instrumento. El presidente estadounidense que más órdenes ejecutivas firmó fue Franklin D. Roosevelt (Financial Times, 3.2.17)
El tribunal de apelaciones tendrá que considerar primero si el estado de Washington tiene realmente un interés jurídico en un caso de migración y seguridad nacional. Definirá si la orden de Trump es constitucional o si viola el principio que prohíbe la discriminación. Establecerá también si el presidente puede revocar visados ya otorgados a personas que no han cometido falta alguna.
El ejecutivo estadounidense, hay que señalar, sí tiene facultades discrecionales muy amplias en migración y seguridad nacional. Por eso los agentes de migración en fronteras y aeropuertos, que forman parte del poder ejecutivo, pueden rechazar a visitantes o revocar visados sin dar razones ni argumentar los casos en tribunales. Los extranjeros fuera de Estados Unidos, o los no residentes, no tenemos ningún derecho ante la ley estadounidense.
Habrá que ver qué decide el tribunal de circuito, aunque es muy probable que el asunto termine en la Suprema Corte. Los precedentes favorecen a Trump.
TLCAN AGROPECUARIO
Las exportaciones de maíz amarillo de Estados Unidos a México aumentaron cinco veces desde la entrada en vigor del TLCAN para llegar a 17,700 millones de dólares anuales. Las ventas agropecuarias de México a Estados Unidos, principalmente hortalizas y frutas, se han elevado más y alcanzan los 21 mil millones de dólares anuales. Por eso los productores a ambos lados de la frontera están temblando ante las amenazas al TLCAN (FT, 7.2.17).
