Avances. Donald Tusk se reunió con Theresa May, antes de mantener una reunión para negociar la salida del Reino Unido de la EU.
La Comisión Europea (CE) recomendó ayer pasar a la siguiente fase de las negociaciones sobre la marcha del Reino Unido de la Unión Europea (UE), tras constatar "avances suficientes" en los derechos de los ciudadanos, la factura de la salida y la frontera irlandesa.
"La Comisión Europea ha decidido formalmente recomendar al Consejo Europeo que se han hecho los progresos suficientes en los tres términos del divorcio para poder entrar en la segunda fase de la negociación", indicó el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker en una rueda de prensa junto a la primera ministra británica, la conservadora Theresa May.
Para iniciar las conversaciones sobre la futura relación entre Londres y Bruselas, aún es necesario el visto bueno de los jefes de Estado y de Gobierno de los veintisiete países que permanecerán en el club comunitario tras el "brexit" durante su reunión del 15 diciembre. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aseguró que la Unión está dispuesta a negociar con el Reino Unido un período de transición para su salida, pero con "condiciones", como que el país acate en ese tiempo "la totalidad" de la legislación comunitaria y la supervisión judicial.
Ayer mismo viernes, la propia May pidió trabajar en una transición que dé "certidumbre", y se declaró "optimista sobre las negociaciones que quedan por delante". El Reino Unido ha solicitado una transición de unos dos años, "mientras sigue siendo parte del mercado único y la unión aduanera", pero Bruselas aún no ha precisado cuál sería su duración.
En cualquier caso, la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, declaró ayer que el mismo día que Londres salga de la Unión, "también saldrá de todos los acuerdos comerciales que la UE tiene con terceros países".
El negociador jefe del club comunitario para el "brexit", Michel Barnier, reconoció que las condiciones de ese período de transición se debatirán durante los primeros meses del próximo año y también precisó que el acuerdo definitivo de retirada deberá estar terminado en octubre de 2018.
Pese a admitir los progresos suficientes alcanzados en la primera etapa de las conversaciones entre Bruselas y Londres, el excomisario francés subrayó que aún quedan pendientes "una serie de cuestiones".
"Déjenme ser claro, todavía hay trabajo y negociación por hacer en una serie de cuestiones como la gobernanza de nuestro acuerdo o, por ejemplo, (el) Euratom" (Comunidad Europea de Energía Atómica), señaló, además de resaltar que en la segunda etapa de las negociaciones se seguirá abordando la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.
En ese sentido, May y Barnier reiteraron que no habrá una frontera "dura" en la isla. "El compromiso del Reino Unido hoy nos da una garantía efectiva para evitar tal frontera dura. Salvo que se encuentre otra solución, el Reino Unido está firmemente de acuerdo en que Irlanda del Norte mantenga una total consonancia con las normas del mercado único de la UE y la unión aduanera", detalló.
Aseguró que, de ese modo, se protegerá el Acuerdo de paz del Viernes Santo; indicó que los residentes de Irlanda del Norte con nacionalidad irlandesa mantendrán los derechos que tienen como ciudadanos comunitarios, y recalcó que el área de viaje común no desaparecerá.
Sobre los derechos de los ciudadanos, Bruselas y Londres se han comprometido a que todos los británicos llegados a la Unión Europea y comunitarios trasladados al Reino Unido antes del "brexit" puedan seguir viviendo y trabajando en las mismas condiciones.
Además, los miembros de una familia que no vivan juntos conservarán el derecho a reunirse en el mismo país. En el caso de los hijos, tendrán esa posibilidad incluso si nacen después de la salida británica.
El negociador jefe precisó que el acuerdo final de retirada se incorporará al Derecho británico y las cortes del Reino Unido tendrán la posibilidad de plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE sobre la interpretación del documento durante un plazo de ocho años.
Por lo que al acuerdo financiero se refiere, explicó que se ha logrado un acuerdo sobre la metodología para calcular el precio del divorcio, pero prefirió no dar cifras concretas, aunque las estimaciones sitúan el dato entre 40 mil y 45 mil millones de euros.
