Verdades y Rumores
Dicen los mal pensados que no se trata de un simple descuido u olvido el no haber dejado guardias en el edificio público más caro de la ciudad en esta semana que se les dio vacaciones adelantadas a todo el personal municipal. Nuestros subagentes disfrazados de macetas comentan que detrás de la decisión de dejar sin atención al público la Presidencia, hay otras motivaciones menos triviales. La historia que corre por los pasillos es la siguiente. Dicen que el aviso de vacaciones obligadas se hizo súbitamente la semana pasada y que cayó de sorpresa a los empleados por lo imperativo del anuncio. En un hecho sin precedentes, se les pidió a todos los que cobran en la nómina municipal que ni por error se pararan esta semana en sus lugares de trabajo.
El argumento fue que se decidió adelantar las vacaciones decembrinas porque en ese mes nadie podrá ausentarse para cumplir con la entrega-recepción. Como esta excusa no convenció a muchos, el edifico es la mera meca de los grillos y tenebreros, luego se corrió la especie de que el ayuntamiento que encabeza Jorge Luis Morán quería ahorrarse unos pesos en el contexto de los aprietos financieros en el que se encuentra, explicación absurda, ya que las vacaciones se pagan, simplemente no se trabaja en ellas y algún insidioso dirá que tampoco cuando supuestamente lo hacen. Pero, contrario a lo que ha ocurrido en anteriores ocasiones, esta vez no se dejaron las guardias necesarias para dar la atención mínima a los ciudadanos que aprovechan las vacaciones de verano para cumplir con un pago o realizar cualquier trámite, dos o tres claro. Cuentan que la orden fue tajante: “el jefe no quiere a nadie en la Presidencia en esos días”. Los subagentes comentan que esto se debe a que las principales cabezas de la administración municipal han ordenado una especie de operativo “limpieza y maquillaje” que envidiaría Lupita Jones en Nuestra Belleza México o si lo quiere usted, querido lector, hasta el mismísimo Donald Trump cuando era el dueño del concurso, y que consiste en borrar todos los rastros de las travesuras realizadas durante los casi cuatro años de gestión, en virtud de que a partir del 1 de enero llegará otro partido al gobierno local. Incluso, se habla de una revisión exhaustiva para encontrar todos los pájaros en el alambre que “alguien” colocó para escuchar y grabar las conversaciones que han salido a la luz en los últimos meses. Pero no sólo eso. Cuentan que también se estarían dejando algunas “trampas para ratones” para meter todo el ruido en la administración del panista Jorge Zermeño e intentar recuperar para el PRI la alcaldía en la elección de junio de 2018, hipótesis sobran, algunas francamente fantasiosas. En este mismo tenor, corren versiones de que los despidos que se están dando para adelgazar casi de forma milagrosa a la nómina municipal están más pensados en darle una desagradable sorpresa a los zermeñistas una vez que lleguen al ayuntamiento al grado que los primeros meses del año se la pasen ocupados en tapar todos los agujeros que les dejen en cuanto a la operación de corporaciones, servicios y dependencias. ¿Será?
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Los que sienten que les están dando atole con el dedo son los integrantes del CLIP con eso de la reunión para revisar las obras y proyectos del Impuesto sobre Nóminas. Resulta que los ipecos encabezados por Juan Antonio Sifuentes llevan meses sino es que años solicitando una junta para ver el estatus que guardan los trabajos que se llevan a cabo con dineros que pagan ellos a través del gravamen estatal, además de darle una buena revisada a las cuentas que parecen no estar del todo claras. Hace no mucho, los funcionarios del gober Rubén Moreira les dijeron que “claro que sí, cómo no, con todo gusto”, y les fijaron como plazo 10 días para llevar a cabo la reunión de marras. Pues esos 10 días se cumplieron y los ipecos preguntaron qué pasó con la reunión. La respuesta que recibieron no tiene desperdicio. Del Palacio Rosa les enviaron el mensaje de que los 10 días a los que se referían eran días hábiles, es decir, sin contar sábados y domingos. Además, como estamos en época de vacaciones, estos días no cuentan. O sea que el tiempo empezará a contar hasta principios de agosto, por lo que, si bien les va, la reunión se llevará a cabo la tercera o cuarta semana del próximo mes. Mientras tanto, las dudas persisten sobre las obras y los dineros. Ah, bárbaros, dirían por ahí.
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Y ya que hablamos de obras, vecinos molestos cuentan que por el sector de Jacarandas, específicamente en las famosas Cinco Esquinas y alrededores, desde hace meses se abrieron las calles para introducir nueva tubería de drenaje pluvial y sanitario. Esto, por supuesto, que está muy bien, puesto que ambas obras son muy necesarias, sobre todo en ese populoso sector que ya tenía varias décadas sin renovación de sus viejos colectores. El problema es que ya tiene rato que los trabajos están prácticamente abandonados. En el lugar no se observan trabajadores, las máquinas están detenidas. Vamos, que la obra está tirada y que ya lleva así semanas, cuando no meses. Obviamente, esta situación es un dolor de cabeza para los vecinos, que tienen que soportar los malos olores y el polvo, pero sobre todo el riesgo de vivir muy cerca de peligrosas zanjas que obstaculizan la circulación peatonal y vehicular. Algunos de los afectados han tratado de moverse para que las autoridades reaccionen, pero se han topado con pared. En el Simas Torreón de Xavier Herrera, les dicen que esos trabajos no les corresponden. En Obras Privadas Municipales -perdón Públicas- de Gerardo Berlanga, no les dicen nada. Y en la Secretaría de Infraestructura de Marco Dávila, menos. Tal parece que todos en la administración municipal o el gobierno estatal andan de vacaciones o más preocupados por ver cómo se resuelve el entuerto de las elecciones, y a ver si les toca hueso, que en sacar adelante los pendientes. ¿O será que, de plano, el dinero ya se les acabó?
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A propósito de la elección, el dictamen de la unidad de fiscalización del INE sobre el rebase del tope de gastos de campaña en Coahuila se ha convertido en la manzana de la discordia de la batalla postelectoral. Todos lo quieren impugnar, a la par de que todos lo usan a conveniencia para golpear al contrario. Para el panista Guillermo Anaya y sus partidarios, el dictamen se convirtió en el argumento medular para la “inminente anulación”, ya que muestra que el priista Miguel Riquelme rebasó el tope en más del 5 por ciento que establece la Constitución como causal de nulidad con la condición de que la diferencia entre el primero y segundo lugar de la votación sea menor a ese porcentaje. Pero así como defienden esta parte, los anayistas han dicho que van a impugnar la parte que se refiere a los gastos de campaña del panista, porque el INE también dictaminó que don Memo se pasó del tope aunque un poco menos que su rival don Miguel, y por supuesto, si se pasaron en la gubernatura, ¿no se pasarían también en alcaldías y diputaciones PAN y PRI? Es pregunta. Por su parte, los priistas anunciaron ayer con bombo y platillo que van a impugnar ante el Tremendo Trife el dictamen bajo el argumento de que está basado en unos cambios que se le hicieron de última hora al Reglamento de Fiscalización de INE que no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación y que, por lo tanto, no tiene validez ya que ellos no se dieron por enterados, al más puro estilo averiguación previa de la PGR, por lo que se le escapan siempre el 99 % de los presuntos culpables. Este punto es muy interesante porque, según algunos insidiosos, la publicación del acuerdo en el Diario no es requisito necesario en este caso porque cuando se tomó la decisión estaban presentes todos los representantes de los partidos políticos ante el INE, quienes incluso estuvieron de acuerdo con las modificaciones. Habrá que ver cuál es el criterio que utilizan los magistrados. Pero mientras los riquelmistas por un lado impugnan el dictamen de fiscalización, por el otro lo usan para golpear a panistas como Marcelo Torres, diputado electo, quien, según el INE también se pasó del tope, aunque falta ver si presentó o no las pruebas para acreditar la ausencia de ciertas erogaciones. Total, que la pugna sigue, y la guerra de percepción arrecia, al grado de que ya hasta el gober Rubén se metió para decir, en el más puro estilo calderonista, que “haiga sido como haiga sido”, él le va a entregar la estafeta del gobierno a don Miguel el 1 de diciembre, declaración que fue aprovechada por don Memo para acusar, una vez más, que Moreira II está metiendo las manos en el proceso.
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Del otro lado del Nazas, dicen que como quedó conformada la estructura del Comité Directivo Estatal del PAN, con la reciente designación de Lorenzo Martínez Delgadillo como nuevo pastor, ninguna garantía ofrece para que el blanquiazul salga bien librado en el proceso electoral de 2018, sino que, por el contrario, pareciera que se vislumbra un tortuoso camino por recorrer de aquí a entonces. Y es que como muchos de los panistas temían, finalmente quien terminó apoderándose del partido fue el mismísimo alcalde de Durango, José Ramón Enríquez, secundado por Rodolfo Dorador y Juan Quiñones, personajes que, dicho sea de paso, se han dedicado a hacerle la vida imposible al primer neopanista del estado, es decir, el gober José Aispuro Torres. Las lenguas de doble filo dicen que todos estos personajes en lugar de abonar a buenas expectativas, representan un grave factor de riesgo para perder nuevamente la mayoría en el Congreso local, el cual será renovado al igual que las diputaciones federales y senadurías en la entidad. Con una administración estatal recién desempacada, el partido está comprometido a entregar buenas cuentas al Comité Ejecutivo Nacional, pero se escucha cada vez más fuerte que quienes están a cargo del panismo estatal son una clara amenaza para que no se alcance ese objetivo. Al tiempo.