Verdades y Rumores

En el llevado y traído asunto de la elección de Coahuila en su etapa judicial cuentan que el PAN y sus aliados del Frente Digno tienen todavía una velita encendida en busca de que se les cumpla el milagro. Esa velita es lo que los anayistas llaman la “queja 141” que se encuentra desde hace meses en trámite en la comisión de fiscalización del vapuleado INE y que, de aprobarse por el pleno del Consejo General del árbitro electoral nacional, volvería a incrementar el gasto de campaña del gober electo Miguel Riquelme por encima del 5 por ciento, por lo que el fantasma de la anulación volvería a hacer su aparición.

Y precisamente el mismo excandidato panista Guillermo Anaya espera que esa resolución se dé para la víspera del famoso Halloween o en el mismo Día de las Brujas, con lo que pretenden sacarle su calaverita al tricolor, al menos hasta que el Tremendo Trife vuelva a corregirle la plana al INE, como lo ha venido haciendo hasta ahora. Dicen que dicha queja tiene que ver con otros gastos que la campaña de Riquelme no reportó en tiempo y forma, como lo son anuncios en diversos medios impresos y la producción de varios spots de televisión. Pero dicen que en caso de aprobarse una nueva resolución contra el priista, éste presentaría otro recurso de impugnación en la corte electoral federal con la certeza de que los magistrados aplicarán los mismos criterios de casos anteriores, en los que ha salido beneficiado. Si esta nueva jugada no le resulta al PAN, ya sólo les quedaría el recurso de impugnación de la resolución del Tribunal estatal que tienen hasta el día de hoy para presentar ante el Trife. Pero mientras son peras o manzanas, los panistas circularon ayer en redes el mensaje en el que se aseguraba que la comisión de fiscalización del INE había aprobado el mismo día el dictamen que presentará al Consejo General la próxima semana y en el que se determina que don Miguel rebasó el tope en un 11 por ciento. O sea que nuevamente veremos el estira y afloja entre panistas y priistas pero, sobre todo, entre INE y Trife. Vaya lío.

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Y ya que hablamos del Tribunal estatal, cuentan que una vez que se conoció la votación sobre la validez del proceso electoral, la maquinaria tricolor echó a andar sus baterías para lanzar varios misiles al magistrado Ramón Guridi, que fue el único de los tres que no estuvo de acuerdo con el proyecto de resolución que avalaba el triunfo riquelmista. Y es que, en sus argumentos, Guridi dejó ver que contrario a lo que opinaron sus compañeros Valeriano Valdés y Elena Treviño, él observó que hay elementos suficientes en las pruebas presentadas por los panistas anayistas y sus ahora amigos excandidatos para no decretar la validez del proceso. Una vez que se hizo público el razonamiento de su voto, los priistas comenzaron el ataque diciendo que la postura de don Ramón se debe a que es cercano al senador panista Luis Fernando Salazar, mejor conocido como el Hooligan, quien lo habría propuesto para el cargo que ahora ocupa. Es decir, el mismo argumento que usan los panistas, pero al revés; que don Valeriano y doña Elena están vinculados al PRI y que por eso votaron a favor de ratificar el triunfo de don Miguel. En ese sentido, también los blanquiazules hicieron circular la especie de que, curiosamente, para el presente año el gobierno estatal había aprobado con sus peones en el Congreso local una partida extraordinaria de 10 millones de pesillos para el Tribunal bajo el concepto poco claro de “otros apoyos”. No cabe duda que la guerra de las suspicacias está a todo lo que da en este y varios asuntos más.

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La otra telenovela que se niega terminar es la del Simas con la planta tratadora de aguas residuales. Y es que esta semana volvió a surgir información que contradice el triunfalismo que se había venido manifestando en la gerencia general del organismo, que encabeza Xavier Herrera Arroyo. Se trata de un amparo provisional que obtuvo la empresa Ecoagua, exconcesionaria de la planta de la discordia, en su reclamo por los 170 millones de pesos que le dejaron de pagar por la operación de la tratadora que nunca ha funcionado. No obstante, como siempre ocurre en temas peliagudos como estos, las versiones sobre lo que podría pasar dependen del cristal con que se mira. Para los defensores de la exconcesionaria, este triunfo que ahora parece pequeño pudiera ser el inicio de una victoria mayor que incluso alcanzaría los otros 600 millones de pesos que dice el Simas ya ganó, y que sólo es cuestión de tiempo. Pero para don Xavier, el amparo no es definitivo y aún lo pueden pelear, y en el supuesto caso de que lo perdieran, eso no significaría que tuvieran que pagar los casi 800 millones, sino sólo los 170 reclamados. O sea que, de lo malo, lo menos peor. Lo que es seguro es que este caso será heredado a la próxima administración, en donde las cosas pudieran cambiar dadas las responsabilidades existentes en las firmas de los contratos hace poco más de 17 años, y cuyas denuncias están pendientes de presentar los representantes legales de la administración en turno. A este asunto le cuelga todavía un buen rato.

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Corre la especie en radiopasillo de la Presidencia Municipal de Torreón que quien está haciendo sus maletas ya es el jefazo de la Policía Municipal, Adelaido Flores. Pero no crea que por el cambio de colores en la administración local, sino que el teniente está pensando, dicen, en no llegar a la entrega de poderes que se dará el 1 de enero próximo. Con esto, el primer policía de la ciudad, que ha hecho de la dependencia un feudo, dejaría el siempre delicado tema de la seguridad en manos de un interino mientras se resuelve el misterio de quién ocupará esa oficina cuando comience el gobierno del panista Jorge Zermeño. Dicen los subagentes que don Adelaido piensa llevarse consigo a toda su gente de confianza, incluidos a sus escoltas que, según cuentan, tienen algunas cuentas pendientes por asuntos de presuntas violaciones a los derechos humanos. De confirmarse la salida prematura del director de la Policía, el temor de que las cosas se descompongan más en el tema de seguridad crecerá y probablemente el desafío para don Jorge será aún mayor.

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Y ya que andamos en temas policíacos, cuentan que en la comandancia regional de la Policía Federal, División Caminos, se dio el “permiso” de pedir la “colaboración” de empresas, conductores o todo aquello que se mueva por las carreteras federales que atraviesan la región, pues desde hace unos dos meses les notificaron a los oficiales que ahora deberán de pagar el mantenimiento, reparación y hasta las llantas de las unidades, pues supuestamente ya no hay presupuesto asignado para ello. Dicen que a quienes traen en carrilla es a los nuevos elementos puesto que al ser novatos no pueden contraponerse a la orden ante el temor de posibles represalias. Pero todo esto resulta un poco sospechoso, ya que según se sabe cada año se asigna una partida para ese y otros gastos, lo que hace suponer que quien está necesitado de dinero y dispuso de la lana, es un tal comandante “Chabolla”, aunque cuenta por ahí que en la repartición también se contempló a sus allegados, quienes también piden un porcentaje de las “donaciones” recaudadas. Por lo pronto, al menos en todo el tramo de la carretera Torreón- San Pedro hay días en los que se llegan a observar hasta cuatro patrullas cuyos elementos traen bien afilados sus aparatos para medir la velocidad de los conductores.