Los más de 70 extrabajadores municipales que serán indemnizados tras más de diez años de sostener un juicio laboral por despido injustificado, podrían argumentar desacato a la autoridad si el Ayuntamiento no les paga los 135 millones de pesos que piden, promover la destitución o inhabilitación de las autoridades municipales actuales, incluyendo a todo el Cabildo, promover un juicio político, e incluso argumentar daño patrimonial con las implicaciones penales que esto conlleva pues este conflicto laboral pudo arreglarse en 2007 o 2008 con menos de 5 millones de pesos.
Debido a lo anterior, el Ayuntamiento de Lerdo realizó ya todas las gestiones necesarias ante el Congreso del Estado en busca de obtener el favor del estado y conseguir que sea el aval para el crédito bancario que solicitará por 100 millones de pesos a pagar en diez años.
Y es que tanto la actual administración municipal, como las anteriores, tendrían todas las de perder de no acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de que su revisión del caso (que es la última) favorezca a los extrabajadores, que es lo que el Ayuntamiento ya prevé.
Constitución
Dice que los servidores públicos municipales serán responsables política, administrativa, penal y civilmente de los actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones
